Más de 8.500 policías garantizarán la seguridad de los líderes europeos

Dispositivo policial sin precedentes en Barcelona. Más de 8.500 agentes de diferentes cuerpos se encargarán de garantizar la seguridad de la cumbre. El grupo más numeroso corresponde al Cuerpo Nacional de Policía, con 5.200 agentes. De ellos, 3.000 serán de refuerzo y empezaron a llegar hace días. La justicia también ha reforzado todo su engranaje para enjuiciar por la vía rápida -en el plazo máximo de tres semanas- a las personas que sean detenidas estos días acusadas de incidentes callejeros.

La fianza que pedirá el fiscal a un detenido será lo que valga reparar el daño causado

La obsesión de los responsables de Interior jamás explicitada es que la cumbre de Barcelona no sea recordada como el encuentro de los G-8 en Génova. El 20 de julio del pasado año, un manifestante antiglobalización murió por los disparos de un policía en uno de los diversos altercados callejeros de aquellos días, en los que hubo 231 detenidos.

Las informaciones de que dispone la policía no hacen presagiar, en principio, nada igual. Los responsables de Interior, utilizando como puente al Ayuntamiento de Barcelona, no han dudado incluso en reunirse en varias ocasiones con representantes del Foro Social de Barcelona, el sector más moderado de los tres bloques que convocan la marcha antiglobalización, prevista para la tarde del 16 de marzo.

El hecho de que la manifestación se celebre tras la clausura de la cumbre se interpreta como algo más que un gesto de algunos colectivos antiglobalización para desmarcarse por completo de la violencia.

Aunque los convocantes de esa marcha son muy variopintos y es arriesgado presagiar el desenlace, la policía también tiene claro que debe evitarse a toda costa un espectáculo como el ocurrido el pasado 24 de junio durante la manifestación contra la reunión del Banco Mundial, que finalmente se aplazó. La marcha reunió a más de 20.000 personas y transcurrió de forma festiva, pero el recuerdo que ha quedado son los incidentes causados por un centenar de personas que se situaron en la cola y actuaron con total impunidad.

Los escaparates de las tiendas y oficinas bancarias del paseo de Gràcia fueron arrasados sin que la policía interviniese. Los agentes antidisturbios, incluidos policías de paisano camuflados con pañuelos independentistas, actuaron al final, cuando todavía quedaban 3.000 manifestantes en la plaza de Catalunya. Los 21 detenidos quedaron en libertad con cargos tras pasar por el juzgado.

'Espero que todos hayamos aprendido de experiencias anteriores', advirtió hace unos días el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, una de las personas a las que siempre se consulta en cualquier operación policial fuera de lo habitual. Y el responsable de la seguridad de la cumbre es precisamente el jefe superior de Policía de Cataluña, Miguel Ángel Fernández Rancaño.

Jueces, fiscales y policías han pactado una actuación coordinada para, llegado el caso, afrontar 'el peor de los escenarios', en palabras de Joaquim Bayo, el juez decano de Barcelona.

Se ha calculado que los tres juzgados que están de guardia en la capital catalana puede absorber un máximo de 90 detenidos diarios. Si se superase esa cifra, contando que no sólo habrá detenidos por incidentes callejeros, entraría un juzgado más de guardia por cada 30 arrestados.

Pero lo más importante es que se han duplicado todos los servicios para que los altercados acaben en juicios rápidos, una posibilidad que permite la ley y que no ha cuajado en ninguna ciudad de España, excepto Barcelona.

Para recurrir a esa vía, el acusado de un disturbio ha de ser identificado y detenido por la policía a poco de cometerlo. Si así ocurre y el atestado es preciso, un perito tasará el destrozo causado y ése será el importe de la fianza que pedirá el fiscal en el juzgado de guardia. Si el juez lo concede y el detenido lo abona, quedará en libertad, salvo en casos graves o en los que haya antecedentes. Si no, posiblemente no saldrá a la calle hasta que se celebre el juicio.

En el dispositivo policial intervienen también 1.000 agentes de los Mossos d'Esquadra responsables del tráfico en Cataluña, que serán los encargados de escoltar a las delegaciones oficiales desde el aeropuerto de El Prat a los centros de reuniones. La Guardia Urbana de Barcelona ha suspendido los permisos y las vacaciones a sus agentes durante la semana de la cumbre. De las 2.575 personas de plantilla, trabajarán 2.300 en el control del tráfico dentro de la ciudad. La Guardia Civil asumirá el control total del aeropuerto, la seguridad marítima y la vigilancia de las fronteras, donde por unos días no se aplicará el Tratado de Schengen y se pedirá el pasaporte a cualquier persona.