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El calendario legislativo del Gobierno repite la previsión del anterior mandato

La mayor parte de los proyectos ni siquiera llegaron al Parlamento en el período 1999-2001

El Gobierno ha dado luz verde a su calendario legislativo hasta 2004. La oposición había pedido reiteradamente el envío de esta previsión al Parlamento, mientras el Ejecutivo se resistía, aduciendo que no existe obligación legal de hacerlo. Finalmente, ayer se conocieron los compromisos legislativos que el Gobierno asume para el resto de su mandato, del que el mayo se cumplirá el primer año. El calendario consta de 34 leyes y es casi calcado del enviado al Parlamento en 1999. La mayoría de los compromisos quedaron incumplidos por la minoría del Gobierno, que continúa, y la disolución anticipada de la Cámara.

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La legislatura pasada fue la más improductiva de toda la historia del Gobierno y el Parlamento vascos. Sólo 12 leyes salieron de la Cámara -en el período 1995-1999 se aprobaron 55-, de las que dos fueron de prórroga presupuestaria y el resto tuvieron escasa relevancia. Dada su situación de minoría tras la ruptura del pacto de colaboración parlamentaria con EH, el Gobierno se abstuvo de enviar a la Cámara proyectos de entidad que sabía que no podría sacar adelante. Algunos de ellos particularmente complicados, como la ley Municipal, son ya auténticos clásicos pendientes. También en el calendario presentado ayer, que incluye 34 anteproyectos, figura ésta como uno de los más importantes y, seguramente, más difíciles de acordar. El Gobierno advirtió de que tanto la ley Municipal como la modificación de la LTH requerirán de un alto grado de consenso 'social y político'. Los problemas no se derivan solo del hecho de que el Gobierno continúe en situación de minoría y necesite pactos con otras fuerzas políticas, sino de la implicación del resto del entramado institucional -diputaciones y ayuntamientos- cuyos intereses pueden chocar.

Muchos de los anteproyectos implican a varios departamentos del Ejecutivo y se articularán en torno al crecimiento económico sostenible, la formación y el empleo para la integración social, el avance en la sociedad del conocimiento, la cohesión social y cultural y el autogobierno y la organización institucional y social.

Los trece anteproyectos relacionados con el crecimiento económico y sostenible primarán los objetivos de cohesión social y la convergencia real en renta y empleo con la media de la UE. En relación con la política económica, fiscal y financiera, se propone la adaptación del modelo creado por la Ley de Armonización Fiscal a los contenidos tributarios del nuevo Concierto Económico. El Gobierno impulsará una ley de Industria y una ley de Energía. Hay también compromisos pendientes como las leyes de entidades de previsión social voluntaria (EPSV), del patrimonio, el Estatuto del Consumidor, del Agua, de Puertos, de protección del suelo, del transporte de viajeros por carretera, de adecuación a directivas comuntarias en infraestructuras y de modificación del Plan General de Carreteras. El proyecto de ésta última, que establece el nuevo catálogo de carreteras integradas en él, quedó aprobada en el consejo de ayer.

El Gobierno se compromete también a elaborar la Ley de Universidades del País Vasco. Bajo el epígrafe de cohesión social y cultural, el Ejecutivo, que recuerda las limitaciones competenciasles derivadas de la no transferencia de la Seguridad Social y todo el bloque sociolaboral del Estatuto, presentará 12 leyes, muchas de ellas también heredadas del calendario anterior. Entre ellas están las de ordenación de la vivienda, vivienda protegida, cooperación, mediación familiar, parejas de hecho, igualdad entre mujeres y hombres, protección a la infancia, voluntades anticipadas en el ámbito de la salud, bibliotecas, museos y la ley del audiovisual. El Gobierno proyecta fundir las leyes vigentes de Exclusión Social y de Derechos Sociales.

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Junto a la ley Municipal y la de modificación de la LTH, el tripartito se propone elaborar otras nueve normas que inciden en la organización institucional y social interna: la de cuerpos y escalas de funcionarios, de implantación del voto electrónico, de segunda actividad en el Ertzaintza, modificación de la ley de Asociaciones, de creación de la Agencia de Protección de Datos, de régimen jurídico de la Administración, la que regulará la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno, la de elaboración de las disposiciones de carácter general y la de Derecho Civil vasco.

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