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Detenido un funcionario municipal y dos abogados acusados de estafa

Una mujer iba a pagar 60.000 euros para que le agilizasen un trámite

Un funcionario municipal fue detenido el pasado lunes en Barcelona acusado de intentar estafar a una mujer a la que, al parecer, había exigido 60.000 euros (unos 10 millones de pesetas) con la promesa de facilitarle la obtención de un cambio de licencia de actividad. En la operación, realizada por la Guardia Urbana en el momento en que la víctima iba a efectuar el pago, fueron detenidas otras tres personas, dos de ellas abogados, cuyo grado de implicación no quisieron precisar ayer los responsables de la investigación.

La operación, que concluyó ayer con la detención de Antoni M. M., se inició hace más de un año, concretamente en enero de 2001, cuando la mujer, María E. P., acudió a la Guardia Urbana para interesarse por los trámites que debía efectuar para cambiar la licencia de actividad de un inmueble de su propiedad en el que, al parecer, quería instalar un albergue, según informa Europa Press.

Los agentes dijeron a la mujer que debía acudir a las oficinas muncipales del distrito de Nou Barris, donde podría obtener la información que necesitaba. Pocos días después de haber visitado las oficinas del distrito, un hombre se puso en contacto con María y le dijo que lo que se proponía hacer implicaba un trámite muy largo. Al parecer, el hombre sugirió a la mujer que podía agilizar la tramitación de la licencia si se avenía a pagar 10 millones de pesetas (unos 60.000 euros).

La mujer siguió el juego a Antoni M. M. y denunció el caso a la Guardia Urbana. Los responsables del cuerpo informaron de la denuncia a la fiscalía, que atribuyó a los agentes la condición de policía judicial.

A las órdenes del fiscal, a los agentes municipales les ha costado más de un año lograr la detención de Antoni M. M. El hombre fue detenido finalmente el pasado lunes en una cafetería del distrito del Eixample, bien lejos del escenario de su competencia profesional, donde María E. P. iba a entregarle los 10 millones solicitados.

Al detenido se le atribuye, informaron anoche fuentes de la Guardia Urbana, un presunto delito de negociación prohibida a funcionario y otro de estafa. De este último delito podrían ser acusados también los otros tres detenidos, dos abogados y una tercera persona sobre la que la oficina de prensa de la Guardia Urbana se negó a facilitar cualquier dato: 'Es que todavía quedan algunos cabos sueltos y aún se está trabajando en el caso'.

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El funcionario detenido ocupa un puesto de 'inspector polivalente'. Este tipo de funcionarios, entre otras tareas, se ocupan de comprobar que las obras se realizan con la preceptiva licencia y que se está haciendo lo que ésta dice y no otra cosa, y de que un establecimiento abierto al público cuente con la correspondiente licencia de actividad.

Según lo investigado hasta ahora, no existen indicios de que Antoni haya intentado estafar a otras personas, aunque la presencia de los dos abogados y del cuarto detenido, del que en el Ayuntamiento anoche nadie parecía saber nada, exigirá una investigación a fondo.

Horas después de su detención, el mismo lunes por la noche, Antoni M. M. fue puesto a disposición judicial y tras prestar declaración quedó en libertad provisional, igual que los restantes detenidos. Ayer el funcionario no fue a trabajar ni va a hacerlo hoy: fuentes municipales informaron de que las ordenanzas establecen la suspensión de cualquier funcionario inmerso en un proceso judicial.

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