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La Fiscalía abre diligencias por las dietas irregulares de ediles del GIL en Estepona

El fiscal jefe de Málaga, Manuel Villén, ha ordenado abrir diligencias previas, por los indicios de malversación que pueda haber en el cobro irregular de dietas por parte de antiguos concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) de Estepona, que hoy forman parte del equipo de gobierno del Partido Popular.

El interventor municipal, Luis Angel Alonso de Linaje y Calzada, en su informe sobre la liquidación de cuentas de 1999 señalaba diversas irregularidades en la gestión de las 14 sociedades municipales entre 1995 y 1999, período en el que gobernaron con Jesús Gil Marín cuatro concejales que ahora gobiernan con el PP.

El interventor subraya que estas sociedades no estaban sometidas 'al régimen de contabilidad pública'. En el informe destaca, sin embargo, que cada una de las sociedades tuvo un 'denominado comité de coordinación', que no funcionaron nunca. El interventor muestra su 'certeza sobre el carácter indebido de la mayor parte de las cantidades percibidas por los cargos electos y personal del Ayuntamiento en concepto de asistencia a las reuniones'. El informe cifra en unos 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) la cantidad cobrada en concepto de dietas entre 1995 y 1999.

El PP (cuatro concejales) y el grupo mixto formado por siete de los nueve concejales que Gil Marín sacó en las últimas elecciones, votaron a favor de las cuentas de 1999 en la Comisión especial de cuentas y pretendían aprobarlas definitivamente en un pleno previsto para el día 27 de febrero. La advertencia de que las cuentas debían pasar por un período de exposición pública de 15 días hizo que se eliminara este punto del orden del día.

Tras la repercusión pública del caso, han anunciado que votarán en contra de las cuentas -lo contrario de lo que hicieron el día 25 en la comisión- tanto los concejales populares como los siete del mixto que pidieron la afiliación en el PP el 31 de octubre para presentar la moción de censura que derribó al alcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos.

Barrientos comentó ayer que 'la iniciativa del fiscal jefe refuerza lo que veníamos diciendo en los últimos días; este no era un enfrentamiento entre el PSOE y el PP, sino un asunto de defensa de la legalidad'. Para el ex alcalde 'el PP cometió un grave error al unirse con esta gente del GIL, fue como poner a la zorra a cuidar de las gallinas'. Barrientos también ve 'responsabilidad en la alcaldesa [Rosa Díez] porque debió cesar a estos concejales cuando tuvo conocimiento del informe'.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez, comentó que 'si el fiscal jefe ve indicios razonables de irregularidades o de delitos bienvenida sea su iniciativa, que espero aclare de una vez por todas esta cuestión'. El presidente popular de Málaga se extrañó, sin embargo, de que 'los informes de 1997 y 1998, que tenían una literatura similar, no levantaran una polémica pública ni forzaran una intervención de la Fiscalía'. Finalmente, Ramírez, recordó que 'el PP no ha pactado con el GIL en Estepona, sino con unos concejales de un partido ya disuelto que estaban en el grupo mixto y de cuya gestión anterior no nos hacemos responsables'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de marzo de 2002