Un parlamentario ha solicitado ya que se le abone la pensión completa

Por primera vez, el Registro de la Asamblea de Madrid -oficina donde se recogen los escritos e iniciativas- ha prohibido que se facilite a los medios de comunicación los datos relativos a los diputados o ex diputados que han solicitado el complemento de jubilación aprobado el pasado 18 de julio. El registro se acogió a un texto legal que ampara los documentos que hacen referencia, precisamente, a sus señorías.

El secretismo con que se está llevando este tema y las órdenes cursadas a los funcionarios de la Cámara han impedido confirmar el nombre de, al menos, un antiguo diputado que ha pedido el complemento de pensiones.

La ley establece el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los registros y a los documentos pertinentes, pero, en este caso, también otorga a los diputados un estatus especial y prohíbe el acceso a los 'documentos obrantes en los archivos' relativos a las personas que ostenten la condición de parlamentarios.

Pero ahora, y tras la difusión del acuerdo de complemento de pensiones del pasado 18 de julio, los grupos parlamentarios se niegan a atender las demandas de información y, sistemáticamente, se remiten a la versión oficial: que éste o parecidos acuerdos ya existen en otros parlamentos. Mientras tanto, otros parlamentarios intentan hacer que la dirección plantee la necesidad de abordar la redacción de un estatuto del político en el que se recojan los derechos y deberes de las personas que se dedican a la vida pública: concejales y alcaldes, diputados, miembros de los distintos Gobiernos o sindicalistas. Por medio de este acuerdo todos los diputados que hayan estado en dos legislaturas tendrán derecho a la pensión máxima (1.953 euros al mes).