La oferta con la que el grupo ganó un concurso en Cataluña es ilegal

Caída de beneficios aparte, Telefónica recibió ayer malas noticias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). El consejo del regulador considera fuera de la legalidad la oferta con que ganó hace tres meses un contrato del Gobierno catalán de 42 millones de euros para conectar con banda ancha su red sanitaria.

Pero en el 'requerimiento cautelar' con carácter de 'urgencia' que realizó la CMT a la espera de una inminente resolución definitiva, no sólo se obliga al ex monopolio a modificar su oferta para ajustarse al régimen de precios regulados vigente y, concretamente, a la orden de 10 de mayo de 2001, y que Telefónica insistía ayer en que ya cumple. La comisión presidida por José María Vázquez Quintana también subraya la 'especial atención' que prestará a los próximos concursos públicos sobre servicios de telecomunicaciones en España, de forma que se 'salvaguarde la competencia'. Violar la ley comportará expedientes.

El consejo del regulador asume así el criterio de sus servicios, que, además, acusaban a Telefónica de hacer dumping. Su oferta era un 50% más barata que la de Retevisión.

La CMT no consiguió ponerse de acuerdo, sin embargo, para fijar un plazo concreto de tiempo para que Telefónica cumpla la normativa de precios sobre servicios regulados, visto el embrollo que su decisión causará. Si Telefónica incumple una decisión de la CMT, le espera un expediente sancionador. Pero si incumple un contrato firmado con el Gobierno de la Generalitat por seis años, se le puede impedir prestar servicios a ninguna otra administración pública.

La intervención de la CMT ha molestado al Gobierno de Jordi Pujol, que no considera 'competente' al regulador para alterar su contrato con Telefónica y que ve un 'perjuicio al interés público' en elevar los costes de la prestación del servicio público sanitario. La CMT dice que obtener precios ventajosos no puede derivar en incumplir la normativa sobre los servicios comprados.

Telefonía de uso público

No fue la única decisión de la CMT y, entre las restantes, la de mayor calado también la protagonizó Telefónica. El regulador aprobó una medida cautelar para impedir que el operador suspenda el 1 de abril el servicio a empresas de telefonía de uso público que no acepten los cambios de contrato de acceso y prestación de servicios planteados por Telefónica. La medida responde a las denuncias de varias empresas sobre las intenciones de este operador de retirar unilateralmente su servicio y se refiere a locutorios, cabinas y locales públicos.