La Comisión Europea lleva al Tribunal de Luxemburgo a los Quince por abuso de poder

La crisis entre la Comisión Europea y el Consejo de la Unión está servida. El sorprendente detonante han sido unas ayudas a criadores portugueses de cerdos. La tensión vivida estos últimos días por las ideas de algunos líderes europeos para recortar el poder de Bruselas, o por el aviso del Ejecutivo comunitario a Berlín a cuenta de su elevado déficit, alcanzaron ayer el clímax cuando el colegio de comisarios decidió llevar a los Quince al Tribunal de la UE. Bruselas entiende que 'la seguridad jurídica de la Unión Europea está seriamente amenazada'.

Esta 'amenaza' se produce porque el Consejo anuló dos acuerdos de la Comisión por los que declaró ilegales unas ayudas de 16,3 millones de euros del Gobierno portugués a 2.116 propietarios de granjas de cerdos.

'A veces el Consejo nos ataca, y ahora somos nosotros los que atacamos', resumió la situación el portavoz de la Comisión, Jonathan Faull, quien recomendó enseguida 'no hacer un drama' de lo ocurrido. Para el portavoz de Agricultura, además, está claro que el Consejo 'ha abusado' y ha hecho 'una mala utilización' del Tratado originando un 'precedente peligroso' que el Ejecutivo comunitario no puede dejar pasar.

La historia se remonta a 1999 y 2000, cuando el Gobierno portugués concedió esas ayudas. La Comisión entendió entonces que se trataba de ayudas ilegales y exigió a Lisboa que las recuperara. El Gobierno portugués no sólo no recurrió al Tribunal de la UE, para lo que disponía de un plazo de dos meses, sino que inició los trámites para recuperar el dinero. Un año después cambió de opinión y, en una carta dirigida al Consejo el 23 de noviembre de 2001, le pidió que validara las ayudas.

Así lo hizo el Consejo de Ministros de Agricultura el pasado 21 de enero. Sólo el titular del Reino Unido se abstuvo (un apoyo a efectos prácticos) y los otros 14 respaldaron la demanda portuguesa. Ésta se basó en lo previsto en el artículo 88 del Tratado de la Unión, según el cual el Consejo puede permitir ayudas consideradas ilegales por Bruselas 'cuando circunstancias excepcionales justifiquen dicha decisión'. 'El paso dado por el Consejo molestó mucho a la Comisión', reconoció ayer Michael Erhart, jefe de la unidad de Infracciones de la Dirección de Agricultura.

El principal problema en este caso no reside en si se daban o no esas circunstancias excepcionales, sino que, una vez pasados todos los plazos para recurrir, el Consejo desautorizó a la Comisión simplemente porque Portugal pidió auxilio pese a que inicialmente había asumido la irregularidad de sus ayudas. Ahora, el caso está en manos de los magistrados y será en Luxemburgo, sede del Tribunal de la UE, donde comparezcan los representantes legales de la Comisión y de los Quince para defender sus posiciones.

No es la primera vez que eso ocurre, aunque el precedente tuvo una importancia mucho menor y se ajustó a los plazos y fórmulas previstas en el Tratado. Fue en 1994 cuando Bruselas declaró ilegales unas ayudas a productores de vino en Italia y Francia. Ambos países recurrieron de inmediato al Consejo, que les dio la razón porque creyó ver esas 'circunstancias excepcionales'. Así lo entendió también después el Tribunal de la UE.

Pero ahora, además de constituir un ejemplo del apoyo mutuo entre los Estados frente a los poderes de la Comisión, el órdago de Bruselas se produce en plena tensión entre ambas instituciones y cuando el propio presidente de la Comisión, Romano Prodi, es acusado de debilidad. 'La política es lucha. Yo hago política. Aún no he ganado, pero la línea de la Comisión es muy clara', declaró a este periódico el pasado lunes.

Críticas a Bruselas

El precedente más inmediato reside en las declaraciones de líderes europeos que, desde Londres, París o Berlín, abogan por recortar las competencias de Bruselas. El canciller Gerhard Schröder, además, ha criticado la iniciativa de la Comisión para romper las restrictivas normas en los concesionarios de coches y, a finales de año, Alemania echó al traste con doce años de trabajo de Bruselas para sacar adelante la directiva de OPA. El ministro francés de Finanzas, Laurent Fabius, también se ha molestado por prohibiciones de fusiones decididas en Bruselas, mientras la comisaria Loyola de Palacio ha amenazado con forzar por decreto la liberalización del sector eléctrico a la que se resiste París.

El capítulo más tenso se vivió el pasado día 12, cuando el Consejo de Finanzas (Ecofin) anuló la propuesta de la Comisión para lanzar una alerta o aviso contra Alemania por su excesivo déficit, próximo al límite del 3% fijado en el Pacto de Estabilidad.

El pulso se saldó con un mero compromiso alemán de cumplir las condiciones de ese pacto y equilibrar sus presupuestos en 2004.