La Generalitat acepta escolarizar en centros públicos a los 6 hermanos musulmanes de Ripollet

La Generalitat de Cataluña ha accedido a que los seis hijos de Mustafá Amaluk sean escolarizados en centros públicos -y, por lo tanto, laicos-, como deseaba su padre, un musulmán que se negó a que acudieran al colegio concertado Sant Esteve, de la orden de los gabrielistas, en Ripollet (Barcelona), por miedo a que sus hijos recibieran influencias cristianas. El Gobierno del PP se pronunció ayer sobre este asunto; el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, recordó que el incumplimiento del deber de escolarizar a los hijos implica responsabilidades penales de los padres.

Fátima y sus cinco hermanos, de nacionalidad marroquí, podrán estudiar en centros públicos y laicos. La Generalitat aseguró ayer que les buscará plaza. Pero tendrán que separarse, porque los únicos que ofrecen educación infantil, primaria y secundaria son los colegios concertados. Si se optó por el colegio Sant Esteve, insiste Enseñanza, fue 'con toda la buena voluntad para que los niños pudieran ir juntos'.

Mustafá Amaluk, musulmán practicante, se negó a que sus hijos acudieran a una escuela católica, pese a que se le aseguró que los niños no tendrían que ir a clase de religión y la escuela se encargaría de sufragar los gastos de las actividades extraescolares. Temía la conversión al cristianismo de sus hijos. El matrimonio Amaluk tiene 10 hijos, seis de los cuales están en edad escolar. El martes tenía que ser su primer día de clase, pero los niños no se presentaron. Fátima aseguró que a sus hermanos les asustaban las imágenes religiosas.

Desde el Gobierno del PP, el ministro Aparicio ha querido hacer hincapié en 'el derecho preferente' del niño a ser escolarizado y educado 'en condiciones de igualdad y valores como los que marca nuestra Constitución'. Si el centro designado cumple los requisitos legales, los padres tienen la obligación de escolarizar a sus hijos, dijo, una obligación cuyo incumplimiento 'incluso podría alcanzar la responsabilidad penal'. La titular de Educación, Pilar del Castillo, se pronunció en términos similares. Las familias inmigrantes, dijo, 'deben entender que vienen a un país donde se prestan unos servicios' que les 'son reconocidos', pero, a su vez, tienen 'unas obligaciones en materia educativa'.

En cualquier caso, desde la patronal de la escuela católica se ha aprovechado el incidente para criticar que la Administración adscriba a los hijos de inmigrantes de otras confesiones a uno de sus centros 'sin haberlo pedido'.

Abdel Hamid Beyuki, presidente de la Asociación de Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), aseguró ayer en un foro organizado por Prisa.com que estos problemas se solucionarían si la enseñanza en España fuera laica, informa Ana L. Escudero. Pero destacó: 'El señor Mustafá debe entrar en razón y respetar que sus niñas vayan al colegio reservándose el derecho de que no asistan a clase de religión'.

Por su parte, la asociación de padres de alumnos de la escuela pública de Cataluña (FAPAC) pidió que se retiren de las aulas de los centros religiosos concertados los símbolos católicos que pueden incomodar a los alumnos de otras confesiones.