El PP y el PSOE se unen en defensa del proyecto de ley del 'nuevo Cesid'

El PP y el PSOE plasmaron ayer en la Comisión de Defensa del Congreso su consenso sobre los dos proyectos de ley que regulan el nuevo Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sustituto del servicio secreto Cesid. El portavoz socialista, Jordi Marsal, retiró las enmiendas del PSOE que no había asumido el PP y defendió con firmeza el nuevo marco legal, hasta el punto de que Felipe Alcaraz, de IU, le replicó a él y no al representante popular.

Tras comparar la nueva legislación con la de otros países europeos, Marsal advirtió de que 'ninguna ley, por perfecta que sea, puede evitar los escándalos' de los servicios de espionaje, pues éstos no son consecuencia de los defectos de las leyes sino de su incumplimiento.

CiU también respaldó los dos proyectos, aunque el PP no aceptó ninguna de su demandas. El portavoz popular, Manuel Atencia, se opuso a la coordinación del CNI con las autonomías, alegando que el espionaje es competencia exclusiva del Estado.

Margarita Uría, del PNV, negó que su partido quiera impedir la actuación del servicio secreto en el País Vasco y apoyó que éste investigue a ETA, pero no a quienes aspiran a la independencia de Euskadi por medios pacíficos.

Luis Mardones, de Coalición Canaria, quien acudió al Congreso convaleciente de una operación, reconoció que algunas de sus enmiendas eran diametralmente opuestas al modelo del Gobierno, por lo que se descolgó de su inicial apoyo a la reforma; votó en contra de la ley constitutiva del CNI y se abstuvo en la que regula su control judicial.

Magistrado especial

Uno de los asuntos más debatidos fue la figura del juez encargado de autorizar las escuchas telefónicas y entradas en domicilios. Uría defendió que esta función la asuman rotativamente los magistrados del Supremo, mientras que Alcaraz propuso acortar su mandato a sólo seis meses, en vez de los cinco años previstos, para evitar que acabe condicionado por la función. Pero Alberto Ayala, del PP, replicó que el puesto requiere 'cierto grado de permanencia y especialización' para asegurar la 'homogeneidad' de las decisiones judiciales.

Una de las novedades del nuevo texto es convertir al director del CNI en la Autoridad Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia. La ley no explica qué significa tal cosa, hasta el punto de que el PP se tuvo que enmendar ayer a sí mismo y rectificar un cambio del texto original, según el cual dicho título se ejercería de forma 'delegada'. Pero no hay tal delegación, pues ningún otro cargo es titular de esa competencia, salvo el director del CNI.

Lo que se pretende, según fuentes gubernamentales, es dejar claro a los servicios extranjeros quién es su interlocutor español. Más de una vez la CIA se ha aprovechado de la rivalidad entre el Cesid, la Guardia Civil y la Policía para montar sus operaciones en España, acudiendo a quien más facilidades ofrecía.