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Columna
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Ante la Corte

Andrés Ortega

Ante la Corte Penal Internacional cabría decir, parafraseando a Kafka, 'hay un guardián'. 'A ese guardián' llega una Europa 'que pide ser admitida. El guardián le responde que ese día no puede permitirle la entrada. Como la puerta sigue abierta y el guardián está a un lado, Europa se agacha para espiar. El guardián se ríe, y le dice: Fíjate bien: soy muy fuerte'.

Milosevic ha comparecido ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) para la Antigua Yugoslavia, que él mismo reconoció en los acuerdos de Dayton, sin duda no creyendo que acabaría ante esos jueces. Pero este tipo de tribunales ad hoc tiene sus limitaciones. Por eso es tan importante poner en pie la Corte Penal Internacional (CPI, en denominación ya aceptada por la Academia de la Lengua). Está a la vuelta de la esquina, pues su Estatuto ha sido ratificado ya por 52 Estados, con lo que sólo quedan ocho para que entre en vigor, previsiblemente entre marzo y junio. Así la CPI podría echar a andar en febrero próximo, después de que reunidas las 60 ratificaciones la Asamblea de Estados parte elabore un presupuesto y apruebe las normas de elección de magistrados y fiscales. La cuestión, que queda de momento en el aire, es si los Estados parte, además de elaborar leyes de cooperación con la Corte, habrán de cambiar sus códigos penales y otras normas para contemplar todos los supuestos del Estatuto de la CPI. Por ejemplo, el español no recoge el de lesa humanidad como tal.

El gran interrogante es cómo reaccionará el guardián global, EE UU, uno de los siete países (en compañía de China, Irak, Israel, Libia, Qatar y Yemen) que el 17 de julio de 1998 se opuso formalmente en Roma a este Tratado, aunque Clinton acabara firmándolo en su salida de la Casa Blanca. ¿Ha cambiado algo tras el 11-S? El embajador de Bush para Asuntos de Crímenes de Guerra, Pierre Richard Prosper, ha aclarado que la 'preocupación' de EE UU con esta Corte 'no ha variado como resultado del 11 de septiembre: (...) EE UU tiene un papel único en el mundo en defensa de la libertad y fomento de la causa de la humanidad. Seguiremos afrontando nuestra responsabilidad pero no a costa de nuestra seguridad nacional'. Tiempos preocupantes en que dominan las consideraciones de seguridad y estabilidad sobre las de democracia y derechos humanos. La cuestión de los prisioneros en Guantánamo y la polémica que se está formando sobre las víctimas civiles en la guerra de Afganistán calientan aún más la oposición de EE UU a la CPI.

Aunque quizás para no enajenar aún más a los europeos, el Congreso dejó caer el proyecto de ASPA (Ley de Protección de los Soldados Americanos) que hubiera autorizado al Ejecutivo a invadir La Haya para liberar a uno de los suyos o de sus aliados si se encontrara ante esta Corte. En lo que corresponde a la última ley de acompañamiento presupuestario, el Congreso se limitó a prohibir sufragar de modo alguno, incluido a través de la ONU, cualquier actividad ligada a esta Corte. Pero la ASPA no está enterrada, aunque EE UU puede esperar a después del verano para retomarla, para no alienar la coalición internacional que está intentando forjar contra Irak. En ésta y otras materias -como ahora en un nuevo protocolo que se está negociando en Ginebra al Convenio contra la Tortura- la hiperpotencia que ya no esconde sus veleidades imperiales, de unilateralismo global, o de multilateralismo a la carta, se está quedando al margen del nuevo sistema jurídico internacional.

India, que no pertenece al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tampoco acepta la CPI, con lo que las grandes potencias del siglo XXI -salvo las europeas, si lo son- no serán parte de esta nueva norma, aunque sus nacionales podrían verse sometidos a ella por crímenes de lesa humanidad, genocidio, de guerra o de agresión. A pesar de todo, lo que era una idea se va a convertir pronto en una realidad, aunque el guardián crea que sin él no funcionará.

aortega@elpais.es

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