Por un puñado de libras

El fiduciario gibraltareño Francis Anthony Napoli, cobra 750 libras (1.230 euros) al año por cada sociedad irlandesa, panameña, de las Islas del Canal o otros centros financieros -no le gusta nada el calificativo de paraísos fiscales- que administra a sus clientes, la mayor parte extranjeros. Si la sociedad es gibraltareña sus honorarios bajan hasta las 500 libras (820 euros). Napoli lleva 650 sociedades y tiene una oficina de tamaño intermedio entre las aproximadamente 200 que hay en Gibraltar dedicadas a este negocio, que gestionan los intereses de unas 70.000 sociedades.

Cobra por administrar cada sociedad una cifra anual que oscila entre las 135.000 y las 200.000 pesetas. Pero Napoli es la antítesis del mercenario. Habla con enorme seriedad del sistema de trust británico mediante el cual él es la persona que figura como titular de la empresa, realiza operaciones y maneja cuentas bancarias, mientras el beneficiario de la sociedad permanece anónimo. En realidad, los fiduciarios son también personajes anónimos, que prefieren la discreción, pero Napoli se ha visto imputado en el caso de Levent Uckler, un ciudadano turco, que fue condenado a nueve años de cárcel en 1990 por un alijo de heroína de 60 kilos. Uckler tenía entonces la identidad, que no se sabe bien si era la falsa o la auténtica, de Farnçois Cambier.

Uckler/Cambier está en prisión preventiva acusado como inductor de la muerte de su mujer ocurrida en el verano de 2000. Este ciudadano se interesó en 1997 por comprar un terreno en Estepona, en el que quería construir una gasolinera, el intermediario le llevó al despacho de abogados Antonio Caba, que todavía no era alcalde de la localidad. El terreno estaba a nombre de una sociedad gibraltareña, Bluefield, con cuya compra se ahorraba numerosos impuestos. Uckler quería hacer varias inversiones y dada su condición de extranjero no residente Caba le propuso hacerlas a través de unas sociedades irlandesas. Uckler encargó a Napoli la compra y administración de estas sociedades. Todos ellos están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de heroína. Los policías que han declarado esta semana en el juicio, sostienen que Uckler, que no tiene actividad empresarial ni recursos conocidos, no pudo salir de la cárcel y disponer del dinero para la compra de varias viviendas y la construcción dos gasolineras, con un valor escriturado de 284 millones de pesetas y un precio en el mercado cercano a los 1.000 millones. La Policía cree que Uckler es un narcotraficante en activo. Un agente utilizó una frase de su mujer, Isabel González, recogida de una conversación telefónica intervenida: 'Eres un ladrón y un narcotraficante', le dijo. Las defensas quisieron atribuir ambos calificativos a 'una disputa familiar'. Pero el fiscal mantiene que Uckler no sólo blanqueó un dinero de procedencia presuntamente ilegal, sino que además contó con la complicidad del abogado esteponero y del fiduciario gibraltereño.

Además de un disgusto, a Napoli este caso le ha costado perder su anonimato y a Caba, en abril de 2001, la dimisión de la Alcaldía de Estepona. Ambos han reclamado en el juicio que han actuado escrupulosamente dentro de la ley. Napoli explicó que lleva 13 años ganándose la vida administrando, como hombre de confianza, sociedades en Gibraltar. 'Si hubiese conocido las operaciones de narcotráfico del señor Uckler no hubiera tenido relación con él', se lamentó en la vista. Allí contó que trabaja con 'todos los centros financieros del mundo, Bahamas, Panamá, Irlanda. Isla Mauricio...', incluso que la mayor parte de su negocio no está en España.

Uckler dijo en su declaración que había ocultado a Caba que había estado en la cárcel, aunque el fiscal Antidroga intenta demostrar en la vista que el abogado lo sabía. La acusación no ha aportado pruebas, sino conjeturas: Caba estuvo en la boda de Uckler en Tenerife y se le supone una relación personal de amistad. Los testigos de la defensa, entre ellos el abogado gibraltareño James Levi, que declaró como perito, han intentado explicar que el sistema de trust no es una pantalla opaca detrás de la que se puedan ocultar delitos: 'Se hace por ahorros fiscales, porque el Gobierno de Gibraltar es muy riguroso y nada permisivo con el blanqueo de capitales', declaró Levi al tribunal.

En la causa figura que Caba le cobraba a Uckler una iguala de 48.000 pesetas al mes por su asesoramiento judicial, fiscal y contable. Medio millón, mal contado, al año. Napoli saldría, con sus tarifas, por unas 800.000 pesetas. Su relación con el cliente turco les tiene pendientes del juicio en la Audiencia Nacional en el que el fiscal pide una condena para ambos de cinco años de cárcel y 1.500 millones de pesetas de multa. Sea cual sea la sentencia, es el trabajo profesional más caro de sus vidas.