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Detenidas en Barcelona nueve personas acusadas de engañar a 500 inmigrantes con documentos falsos

La Guardia Civil ha detenido en Barcelona y poblaciones de su entorno a nueve personas acusadas de falsificar documentos oficiales con el propósito de engañar a unos 500 inmigrantes, la mayoría de ellos ecuatorianos, a los que prometían trabajo y permisos de residencia. La red operaba a través de una gestoría y utilizaba como tapadera 76 empresas legalmente constituidas para simular las ofertas de trabajo que se proporcionaban a los inmigrantes con el fin de que obtuvieran los correspondiente permisos para regularizar su situación en España. Sin embargo, cuando los afectados ya habían pagado los 600 euros (unas 100.000 pesetas) que se les exigían, se les advertía de que en realidad nunca trabajarían en esas empresas, sino que sólo era una argucia legal. Pero los anhelados permisos no llegaron nunca.

A diferencia de lo que ocurre en otros casos similares de estafas a inmigrantes, las primeras sospechas de esta trama partieron de la Agencia Tributaria a finales del pasado año, cuando los grupos de delincuencia económica detectaron que existían hasta 76 sociedades que no ejercían ninguna actividad mercantil. En todos los casos, las empresas estaban vinculadas a la gestoría Escriche Bort, situada en la calle de Roger de Flor de Barcelona. Después se comprobó que, además, muchas de estas sociedades tenían el domicilio social en una vivienda, que acabó coincidiendo con el domicilio particular de alguno de los detenidos. Fuentes de la investigación aseguraron ayer que el gran número de empresas ficticias utilizadas era para dispersar las supuestas ofertas de trabajo destinadas a los inmigrantes y no levantar sospechas.

Seis de las nueve detenciones se realizaron en Barcelona y las otras tres en Vilassar de Mar, Santa Coloma de Gramenet y Badalona. Entre los detenidos hay cinco mujeres, de edades comprendidas entre 27 y 62 años.

La Operación Ecuador, que es el nombre que se ha dado durante este tiempo a las investigaciones, ha estado dirigida por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuentes policiales informaron ayer de que a los detenidos se les acusa de un delito de falsedad documental, de otro contra los derechos de los trabajadores y de asociación ilícita, el más grave de todos los cargos.

Esta imputación es una práctica habitual en la fiscalía de Cataluña desde hace unos meses con el fin de atajar la actuación de ciertas bandas, aunque hasta ahora sólo se había aplicado a delitos de robo. Sin embargo, según el parecer de la fiscalía, en este caso se dan todos los requisitos necesarios para acusar a los detenidos de asociación ilícita, porque tenían una estructura jerárquica, compartían un mismo fin y respondían a las directrices que les marcaban ciertas personas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de febrero de 2002