El Gobierno reducirá entre el 5% y el 6% el precio del gas natural para los hogares

Con un año de retraso sobre el calendario aprobado en junio de 2000, el Gobierno está a punto de aprobar una profunda modificación del marco legal del sector del gas. Los cambios, contenidos en tres órdenes ministeriales, afectarán al cálculo de las tarifas de las industrias, de los comercios y de los consumidores domésticos. Más de 4,1 millones de hogares se beneficiarán de una rebaja de precios de entre el 5% y el 6%, según fuentes conocedoras del proyecto. El nuevo modelo ha desatado las críticas de las eléctricas que, en su caso, pagarán más por un combustible que consideran esencial.

Las tres órdenes ministeriales que el secretario de Estado de Economía, José Folgado, dará a conocer el lunes afectan a 'las actividades reguladas del sector gasista', a 'las tarifas de gas natural y gases manufacturados por canalización' y al 'acceso de terceros a las instalaciones gasistas'.

Convertidas al lenguaje llano, las órdenes suponen un vuelco en el método de cálculo de las tarifas del gas natural que pagan los usuarios. A partir de ahora, los precios, en lugar de tener como base el denominado 'combustible alternativo (fuelóleo)' se basarán, además, en el coste del servicio y un plus de rentabilidad para las empresas del sector. Las tarifas se revisarán cada vez que la materia prima oscile, arriba o abajo, por encima del 2%.

Para los usuarios domésticos (4.121.818, según datos de Sedigas, la asociación que agrupa a las empresas del sectror), los nuevos métodos de cálculo supondrán una rebaja en su factura de entre el 5% y el 6%. Para las industrias en general, más de 4.600 entidades, la rebaja será inferior, de alrededor del 3%, aunque a los acogidos a la denominada tarifa de gran consumo industrial (las grandes compañías eléctricas) les subirá la factura.

Liberalización

Las órdenes ministeriales, que preparan la liberalización total del sector del gas, prevista para el 1 de enero de 2003, son cruciales para el sector energético, al menos en un doble sentido. Por un lado, determinarán cuánto vale en realidad la empresa propietaria de la red de gasoductos, Enagas (100% propiedad de Gas Natural), que será vendida en un 65% en los próximos meses. Por otro, aclararán la rentabilidad real de las nuevas instalaciones de generación eléctrica basadas en el gas (centrales de ciclo combinado) que están poniendo en marcha las grandes compañías y que son esenciales para garantizar el suministro eléctrico.

En estos momentos, según la Comisión Nacional de la Energía (CNE), existen 22 proyectos de grupos de generación eléctrica con gas de 400 megawatios que disponen de autorización administrativa previa y 26 proyectos de grupos con contrato de acceso a la red de gas ya firmado.

En España, que importa prácticamente el 100% del gas que consume (el 60% proviene de Argelia), la previsión de aumento de consumo en los próximos años es espectacular: de 17 bcm (miles de millones de metros cúbicos en sus siglas inglesas) en 2000 a 43,4 bcm en 2010.

Con sólo tres plantas de regasificación operativas (Huelva, Barcelona y Cartagena); 6.000 kilómetros de gasoductos de transporte; 31.000 kilómetros de gasoductos de distribución, dos almacenamientos subterráneos y cuatro conexiones internacionales (Marruecos, Francia y dos conexiones con Portugal), el coste de las nuevas infraestructuras para atender la demanda, su gestión, y la convergencia de negocio (Gas Natural ha entrado en el negocio eléctrico y las eléctricas en el negocio del gas) ha desatado una dura pugna entre los actores del sector energético.

Está en juego un negocio jugoso. Sólo en 2000, la venta de gas generó un beneficio neto de 922,4 millones de euros, 153.000 millones de pesetas. Los principales actores del negocio gasista en estos momentos, y según la clasificación oficial de la CNE son Repsol YPF-Gas Natural (controlan además Enagas); el Ente Vasco de la Energía-Gas de Euskadi; Endesa; BP Amoco e Hidrocantábrico. Esos actores prinicipales libran una dura pugna con el resto de las eléctricas, que han firmado sus propios contratos de suministro con empresas privadas o estatales de países productores (caso de Unión Fenosa en Egipto).