Suiza suspende un tratado con Italia por una ley de Berlusconi

La discutida ley que regula las rogatorias judiciales, aprobada por el Gobierno de Silvio Berlusconi, tropezó ayer con un nuevo escollo internacional. El Gobierno suizo declaró que no ratificará, de momento, el tratado de cooperación y asistencia judicial con Italia, firmado en 1998 y aprobado ya por el Parlamento. Berna espera a que los tribunales italianos se pronuncien sobre los recursos contra la ley.

El Gobierno helvético, según informó ayer la agencia de noticias nacional Ats, considera que la ley italiana, que plasma el acuerdo firmado en 1998 por Berna y Roma para acelerar y simplificar los procedimientos de asistencia judicial entre ambos países, contradice de hecho el espíritu de éste. La decisión de Berna significa un importante revés político para el Gobierno de Berlusconi, e implica que la colaboración judicial entre Suiza e Italia se mantendrá ahora anclada en la Convención de 1959.

El Gobierno suizo informó de esta decisión en la respuesta por escrito a una pregunta del diputado socialista helvético Nils de Dardel. En ella deja claro que Suiza no está dispuesta a ratificar el tratado porque, de hacerlo, se arriesgaría a provocar las críticas de la comunidad internacional al aceptar implícitamente las condiciones que impone la nueva ley italiana. La ley, aprobada en otoño, introduce la obligación de certificar los documentos enviados a los magistrados y cambia la vía de transmisión de los mismos. Las rogatorias deben ser enviadas ahora al Ministerio de Justicia italiano, lo que, a juicio de Berna, resulta 'menos favorable a la ayuda internacional'.

La decisión del Gobierno suizo fue acogida en Italia con alivio por el centro izquierda que ha criticado duramente la ley del Gobierno Berlusconi acusando a éste de haberla redactado a medida de sus necesidades judiciarias. 'Esto quiere decir que Suiza es un país democrático', declaró Luciano Violante, portavoz de los Demócratas de Izquierda en el Congreso de los Diputados. Por su parte, Berlusconi restó importancia a la noticia. 'Ya sabíamos que Suiza había pedido algún tiempo para hacer comprobaciones técnicas', dijo, pero añadió que la ley de rogatoria 'es sacrosanta'. Nicoló Ghedini, abogado defensor de Berlusconi en el proceso Sme, que se desarrolla actualmente en Milán por presunta corrupción de jueces, no ocultó su decepción. 'Suiza tiende siempre a aislarse', declaró.

La decisión suiza se produce en vísperas del nombramiento de la nueva cúpula directiva de la RAI (la televisión pública italiana) en sustitución de la actual que cesa a partir del 16 de febrero. La elección de los cinco cargos (incluido el nuevo presidente) ha desatado una lucha política en el Gobierno, sobre todo por las exigencias de Umberto Bossi, líder de la Liga Norte, que reclama una plaza. Sin embargo, la elección corresponde a los presidentes de las dos Cámaras del Parlamento, uno de Forza Italia y otro democristiano, y ambos tienen ya sus preferencias. Los cambios en la RAI revisten especial importancia porque Berlusconi, dueño de tres cadenas de televisión privada, pasaría a gobernar de facto las tres públicas. Una situación que ha provocado alarma en la oposición y un llamamiento del presidente de la República a respetar el pluralismo informativo.