¿Cómo deben enseñar nuestros colegios?
Dos concepciones de la educación se enfrentan por la mejora de la calidad de la enseñanza
En una de las clases de tercero de la ESO (enseñanza secundaria obligatoria) del edificio B del instituto Isabel la Católica, del centro de Madrid, comparten pupitre Carmen, de 15 años, y Pedro, de 16. Es viernes 9 de febrero, primera hora, y el profesor Manuel Menor imparte su clase de Historia. Hoy toca analizar los distintos tipos de monarquía (absolutas, autoritarias). En la clase hay diez personas desperdigadas en mesas que no guardan precisamente un orden simétrico. Sólo dos atienden claramente a la explicación y toman notas, pese a que el profesor ha llamado varias veces la atención. Pedro y Carmen juegan a pincharse con un bolígrafo por debajo de la mesa y preguntan la hora cada cinco minutos a una compañera que se sienta en la otra punta de la clase. Mientras, como mitigando el aburrimiento, pintan en un cuaderno ya repleto de garabatos.
El sector más conflictivo es la franja que va de los 14 a los 16 años: tercero y cuarto de E.S.O.
El descuido de la educación de los hijos en el seno familiar es un factor del deterioro
Sólo un 5% del alumnado quiere dejar sus estudios tras la enseñanza obligatoria
-¿No tomáis notas?
-Es que no nos gusta sociales.
La respuesta es de Carmen, que baja la cabeza y sonríe, mientras se pone el abrigo y recoge sus cosas antes de que termine la explicación, porque sabe que sonará el timbre en cualquier momento.
'No es que no les gusten las sociales, es que no les gusta nada. Pregúntale al resto de los profesores', dice Manuel Menor, un profesor veterano que lleva más de treinta años en la enseñanza y más de veinte en el instituto Isabel la Católica, el centro que eligió el pasado martes la ministra para reunirse con profesores de toda la Comunidad.
Carmen y Pedro son sólo dos de los más de dos millones de jóvenes que cursan ESO en España, dos de los 1.300.000 adolescentes que lo hacen en alguno de los 6.500 centros públicos de educación secundaria del país. Pero además pertenecen al colectivo, cada vez más heterógeneo, de adolescentes con dificultades de aprendizaje, ante los que el profesorado parece sentirse desbordado.
'Necesitan otro tipo de atención. Son chavales con un retraso acumulado a lo largo de los años. No basta con hacerlos repetir, necesitan otra cosa', comenta el profesor Menor. Ponerle nombre a esa otra cosa es lo que está trayendo de cabeza a toda la comunidad educativa.
Todos, profesorado, padres, estudiantes y Administración, están de acuerdo en que hay que hacer algo que mejore la calidad del sistema educativo (estudios de la OCDE revelan que el nivel de conocimientos de ciencias y matemáticas, así como el de lengua y la comprensión escrita de los jóvenes estudiantes españoles, están significativamente por debajo de la media europea). Pero estos días, tras el anuncio de las directrices de la reforma de la educación planteadas por la ministra Pilar del Castillo con la llamada Ley de Calidad (nuevos itinerarios, reválidas y más posibilidades de repetir cursos), el cambio parece más inminente que nunca y la comunidad educativa anda revuelta.
La necesidad de una definición de lo que se entiende por calidad educativa, de un diagnóstico de la situación actual y de un tratamiento adecuado que palie los problemas ponen de relieve los acuerdos y desacuerdos.
Por ejemplo, en relación al diagnóstico, existen grandes acuerdos sobre el cambio que ha significado la ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años: 'Antes, a los 14 años se producía el corte. Unos seguían hacia el bachillerato; otros, hacia la formación profesional, y otros se quedaban con el título de graduado escolar (ya sumamente devaluado) para insertarse en el mercado laboral. Ahora, desde que se implantó la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo), todos los alumnos de 14 a 16 años están escolarizados por ley, y son edades especialmente conflictivas. Hay más niños que aprenden más y también una situación más compleja', explica José Ramón Novo, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT. También hay coincidencia con respecto a cambios sociológicos producidos: 'La incorporación de la mujer al mercado laboral implica que el niño o adolescente pasa más tiempo solo y está menos controlado. Aumenta su sentido de la autonomía y ya no son tan dóciles, sobre todo a esas edades de 14 a 16 años, donde se concentran los principales problemas. Además, ha habido un claro aumento de la escolarización de población inmigrante como consecuencia de que España se ha convertido en país de destino. En consecuencia, la diversidad de necesidades que hay que atender es enorme', comenta el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Fernándo Lezcano.
Los estudios citados y utilizados por la ministra de Educación para hacer su propuesta también lo recogen: 'La expansión masiva del sistema y la comprehensividad (pilares del sistema LOGSE) son contempladas por algunos como factores que han llevado al deterioro de la escuela', dice el estudio de La Caixa La familia española ante la educación de sus hijos. Además, continúa el mismo estudio, 'los cambios que se han producido en la familia han podido llevar a ésta a descuidar la educación de los hijos, y dejarla en manos de la escuela y de otros agentes de socialización (como los amigos o los medios de comunicación)'.
El mismo estudio fija algunos síntomas básicos: el descenso de conocimientos fundamentales, la indisciplina y la desmotivación del alumnado. Y puntualiza que hay un sector importante de la comunidad educativa que considera 'que el deterioro afecta mucho más a los centros públicos que a los privados, puesto que estos últimos llevan a cabo una selección de su alumnado que les permite contar con grupos de estudiantes mejor formados'.
De hecho, uno de los factores que señalan los profesores de la escuela pública es 'la presencia cada vez mayor de alumnos cuyos padres no tienen cualificación', comenta Manuel Menor, aludiendo a una parte importante de los más de 1.500 alumnos de secundaria del centro Isabel la Católica.
Diagnosticados los problemas principales, el debate se desplaza hacia el tratamiento adecuado para conseguir una educación de calidad. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, sorprendía esta semana con las citadas propuestas (véase gráfico de la página 32) pero escasamente desarrolladas: la creación de cuatro posibles itinerarios (dirigidos hacia el bachillerato, la formación profesional, la inserción laboral y la garantía social) a elegir por los alumnos a los 14 años; es decir, al terminar segundo de la ESO; la posibilidad de repetir en cualquier curso, siempre que no se hayan logrado los objetivos correspondientes, frente al tope de dos veces que establece la LOGSE en toda la enseñanza obligatoria (primaria y secundaria), y la aparición de una prueba general de bachillerato (PGB), más conocida como reválida, para obtener el título de bachillerato, no como vía de acceso a otros estudios. La cuestión es, ¿son ésas las soluciones a los problemas descritos?
'La obligatoriedad de escolarizar a los niños hasta los 16 años ha provocado que muchos estén en el sistema educativo contra su voluntad. A ésos es necesario escolarizarlos en otros niveles y en otros itinerarios en función de sus capacidades, porque perjudican al resto y a ellos mismos. Por otra parte, el hecho de que los chavales tengan que repetir o examinarse es positivo, porque les entrena para hacer frente, mediante su esfuerzo, a una sociedad que es competitiva y exigente', comenta Enrique Pérez, vicepresidente nacional de la Confederación Católica Nacional de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa).
Por contra, Eulalia Vaquero, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), asegura que 'los itinerarios no están pensados para aquellos alumnos con dificultades. En la mayoría de los casos los problemas están asociados a cuestiones de carácter sociocultural y económico. Siempre los mismos harían los mismos itinerarios y se reproduciría así la desigualdad social en las propias escuelas, en lugar de compensarlas. La atención a la diversidad ahora no funciona, pero funcionaría con un buen apoyo y una dotación de recursos humanos y materiales. La reválida y las repeticiones son anecdóticas en esta situación'.
Si de los alumnos y las familias depende el optar por uno u otro itinerario, otro de los estudios citados por Pilar del Castillo, el realizado por Instituto Idea -La calidad de la educación vista por profesores, alumnos y padres-, señala que un 74,3% del alumnado desea finalizar una carrera universitaria, mientras que sólo un 5% abandonaría los estudios al acabar la escolarización obligatoria.
'Estamos muy insatisfechos con el actual sistema educativo. Somos los primeros en exigir una reforma', dice Miguel Jiménez, portavoz del Sindicato de Estudiantes. 'Pero el problema no se soluciona poniendo más exámenes, ni creando itinerarios a edades más tempranas, sino invirtiendo en educación un 7% del PIB, que es la media europea, y no un 4,5%, que es lo que se invierte en España -en el año 2000 se invirtió medio billón de pesetas menos en educación que en 1993, según el último informe del Consejo Escolar del Estado-. No parece lógico homologarse con la UE sólo en el tema de la reválida, ¿no?', concluye.
'Un examen que suponga revalidar lo validado en el bachillerato sólo muestra una desconfianza en el sistema. Entonces lo que habrá que evaluar será al sistema, no a los estudiantes', añade José Antonio García, presidente del sindicatos de estudiantes CANAE.
'La complejidad de los centros docentes reclama más profesionales en tareas pedagógicas. Hay que frenar la promoción automática y potenciar una cultura de rigor y esfuerzo, a la vez que se dignifica la profesión docente y se le da amparo legal suficiente para mejorar la gobernabilidad de los centros', manifiesta Daniel Lucendo, presidente de ANPE (sindicato independiente de la enseñanza).
El debate está abierto. Dos concepciones de la calidad educativa lo protagonizan: una que parte de que la educación debe servir para compensar las desigualdades y otra que, asumiendo las desigualdades, plantea que haya opciones que se ajusten a las mismas. Del resultado de este debate dependerá nada menos que la sociedad del futuro.En una de las clases de tercero de la ESO (enseñanza secundaria obligatoria) del edificio B del instituto Isabel la Católica, del centro de Madrid, comparten pupitre Carmen, de 15 años, y Pedro, de 16. Es viernes 9 de febrero, primera hora, y el profesor Manuel Menor imparte su clase de Historia. Hoy toca analizar los distintos tipos de monarquía (absolutas, autoritarias). En la clase hay diez personas desperdigadas en mesas que no guardan precisamente un orden simétrico. Sólo dos atienden claramente a la explicación y toman notas, pese a que el profesor ha llamado varias veces la atención. Pedro y Carmen juegan a pincharse con un bolígrafo por debajo de la mesa y preguntan la hora cada cinco minutos a una compañera que se sienta en la otra punta de la clase. Mientras, como mitigando el aburrimiento, pintan en un cuaderno ya repleto de garabatos.
-¿No tomáis notas?
-Es que no nos gusta sociales.
La respuesta es de Carmen, que baja la cabeza y sonríe, mientras se pone el abrigo y recoge sus cosas antes de que termine la explicación, porque sabe que sonará el timbre en cualquier momento.
'No es que no les gusten las sociales, es que no les gusta nada. Pregúntale al resto de los profesores', dice Manuel Menor, un profesor veterano que lleva más de treinta años en la enseñanza y más de veinte en el instituto Isabel la Católica, el centro que eligió el pasado martes la ministra para reunirse con profesores de toda la Comunidad.
Carmen y Pedro son sólo dos de los más de dos millones de jóvenes que cursan ESO en España, dos de los 1.300.000 adolescentes que lo hacen en alguno de los 6.500 centros públicos de educación secundaria del país. Pero además pertenecen al colectivo, cada vez más heterógeneo, de adolescentes con dificultades de aprendizaje, ante los que el profesorado parece sentirse desbordado.
'Necesitan otro tipo de atención. Son chavales con un retraso acumulado a lo largo de los años. No basta con hacerlos repetir, necesitan otra cosa', comenta el profesor Menor. Ponerle nombre a esa otra cosa es lo que está trayendo de cabeza a toda la comunidad educativa.
Todos, profesorado, padres, estudiantes y Administración, están de acuerdo en que hay que hacer algo que mejore la calidad del sistema educativo (estudios de la OCDE revelan que el nivel de conocimientos de ciencias y matemáticas, así como el de lengua y la comprensión escrita de los jóvenes estudiantes españoles, están significativamente por debajo de la media europea). Pero estos días, tras el anuncio de las directrices de la reforma de la educación planteadas por la ministra Pilar del Castillo con la llamada Ley de Calidad (nuevos itinerarios, reválidas y más posibilidades de repetir cursos), el cambio parece más inminente que nunca y la comunidad educativa anda revuelta.
La necesidad de una definición de lo que se entiende por calidad educativa, de un diagnóstico de la situación actual y de un tratamiento adecuado que palie los problemas ponen de relieve los acuerdos y desacuerdos.
Por ejemplo, en relación al diagnóstico, existen grandes acuerdos sobre el cambio que ha significado la ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años: 'Antes, a los 14 años se producía el corte. Unos seguían hacia el bachillerato; otros, hacia la formación profesional, y otros se quedaban con el título de graduado escolar (ya sumamente devaluado) para insertarse en el mercado laboral. Ahora, desde que se implantó la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo), todos los alumnos de 14 a 16 años están escolarizados por ley, y son edades especialmente conflictivas. Hay más niños que aprenden más y también una situación más compleja', explica José Ramón Novo, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT. También hay coincidencia con respecto a cambios sociológicos producidos: 'La incorporación de la mujer al mercado laboral implica que el niño o adolescente pasa más tiempo solo y está menos controlado. Aumenta su sentido de la autonomía y ya no son tan dóciles, sobre todo a esas edades de 14 a 16 años, donde se concentran los principales problemas. Además, ha habido un claro aumento de la escolarización de población inmigrante como consecuencia de que España se ha convertido en país de destino. En consecuencia, la diversidad de necesidades que hay que atender es enorme', comenta el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Fernándo Lezcano.
Los estudios citados y utilizados por la ministra de Educación para hacer su propuesta también lo recogen: 'La expansión masiva del sistema y la comprehensividad (pilares del sistema LOGSE) son contempladas por algunos como factores que han llevado al deterioro de la escuela', dice el estudio de La Caixa La familia española ante la educación de sus hijos. Además, continúa el mismo estudio, 'los cambios que se han producido en la familia han podido llevar a ésta a descuidar la educación de los hijos, y dejarla en manos de la escuela y de otros agentes de socialización (como los amigos o los medios de comunicación)'.
El mismo estudio fija algunos síntomas básicos: el descenso de conocimientos fundamentales, la indisciplina y la desmotivación del alumnado. Y puntualiza que hay un sector importante de la comunidad educativa que considera 'que el deterioro afecta mucho más a los centros públicos que a los privados, puesto que estos últimos llevan a cabo una selección de su alumnado que les permite contar con grupos de estudiantes mejor formados'.
De hecho, uno de los factores que señalan los profesores de la escuela pública es 'la presencia cada vez mayor de alumnos cuyos padres no tienen cualificación', comenta Manuel Menor, aludiendo a una parte importante de los más de 1.500 alumnos de secundaria del centro Isabel la Católica.
Diagnosticados los problemas principales, el debate se desplaza hacia el tratamiento adecuado para conseguir una educación de calidad. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, sorprendía esta semana con las citadas propuestas (véase gráfico de la página 32) pero escasamente desarrolladas: la creación de cuatro posibles itinerarios (dirigidos hacia el bachillerato, la formación profesional, la inserción laboral y la garantía social) a elegir por los alumnos a los 14 años; es decir, al terminar segundo de la ESO; la posibilidad de repetir en cualquier curso, siempre que no se hayan logrado los objetivos correspondientes, frente al tope de dos veces que establece la LOGSE en toda la enseñanza obligatoria (primaria y secundaria), y la aparición de una prueba general de bachillerato (PGB), más conocida como reválida, para obtener el título de bachillerato, no como vía de acceso a otros estudios. La cuestión es, ¿son ésas las soluciones a los problemas descritos?
'La obligatoriedad de escolarizar a los niños hasta los 16 años ha provocado que muchos estén en el sistema educativo contra su voluntad. A ésos es necesario escolarizarlos en otros niveles y en otros itinerarios en función de sus capacidades, porque perjudican al resto y a ellos mismos. Por otra parte, el hecho de que los chavales tengan que repetir o examinarse es positivo, porque les entrena para hacer frente, mediante su esfuerzo, a una sociedad que es competitiva y exigente', comenta Enrique Pérez, vicepresidente nacional de la Confederación Católica Nacional de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa).
Por contra, Eulalia Vaquero, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), asegura que 'los itinerarios no están pensados para aquellos alumnos con dificultades. En la mayoría de los casos los problemas están asociados a cuestiones de carácter sociocultural y económico. Siempre los mismos harían los mismos itinerarios y se reproduciría así la desigualdad social en las propias escuelas, en lugar de compensarlas. La atención a la diversidad ahora no funciona, pero funcionaría con un buen apoyo y una dotación de recursos humanos y materiales. La reválida y las repeticiones son anecdóticas en esta situación'.
Si de los alumnos y las familias depende el optar por uno u otro itinerario, otro de los estudios citados por Pilar del Castillo, el realizado por Instituto Idea -La calidad de la educación vista por profesores, alumnos y padres-, señala que un 74,3% del alumnado desea finalizar una carrera universitaria, mientras que sólo un 5% abandonaría los estudios al acabar la escolarización obligatoria.
'Estamos muy insatisfechos con el actual sistema educativo. Somos los primeros en exigir una reforma', dice Miguel Jiménez, portavoz del Sindicato de Estudiantes. 'Pero el problema no se soluciona poniendo más exámenes, ni creando itinerarios a edades más tempranas, sino invirtiendo en educación un 7% del PIB, que es la media europea, y no un 4,5%, que es lo que se invierte en España -en el año 2000 se invirtió medio billón de pesetas menos en educación que en 1993, según el último informe del Consejo Escolar del Estado-. No parece lógico homologarse con la UE sólo en el tema de la reválida, ¿no?', concluye.
'Un examen que suponga revalidar lo validado en el bachillerato sólo muestra una desconfianza en el sistema. Entonces lo que habrá que evaluar será al sistema, no a los estudiantes', añade José Antonio García, presidente del sindicatos de estudiantes CANAE.
'La complejidad de los centros docentes reclama más profesionales en tareas pedagógicas. Hay que frenar la promoción automática y potenciar una cultura de rigor y esfuerzo, a la vez que se dignifica la profesión docente y se le da amparo legal suficiente para mejorar la gobernabilidad de los centros', manifiesta Daniel Lucendo, presidente de ANPE (sindicato independiente de la enseñanza).
El debate está abierto. Dos concepciones de la calidad educativa lo protagonizan: una que parte de que la educación debe servir para compensar las desigualdades y otra que, asumiendo las desigualdades, plantea que haya opciones que se ajusten a las mismas. Del resultado de este debate dependerá nada menos que la sociedad del futuro.
Los profesores, fuente de información de la ministra
Se celebraba el seminario sobre Los educadores en la sociedad del siglo XXI. El lugar, el salón de plenos del Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo del Ministerio de Educación. Allí se daban cita el pasado miércoles profesores de toda España, agrupaciones de padres, sindicatos de estudiantes, sindicatos de la enseñanza. Las medidas sobre la reforma educativa anunciadas el día anterior por la ministra Pilar del Castillo eran el tema preferido de conversación. En aquéllas se produce un cambio de agenda y expectación total: 'La ministra viene a la una', se repetía por los pasillos. Acompañada por el presidente del Consejo Escolar del Estado, Alfredo Mayorga, la ministra entra en el salón de plenos y el aforo (lleno) responde con escasos aplausos. 'Hemos tenido reuniones con profesores. Ellos son mi principal fuente de información. En las múltiples ocasiones que he estado en los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo, he tenido ocasión de hablar con los profesores durante el aperitivo y me ratifico en que las propuestas que hacemos son adecuadas', explicaba la ministra a los asistentes, después de contar sus propuestas de reforma. Y daba las gracias por la invitación. '¡Perdón!, soy Luis', un hombre levantó la mano y se puso en pie. No le dio tiempo a decir su apellido: 'No hay debate, hay un vino español', intervino Mayorga en medio de la tensión de los presentes. 'No hay debate. Para hablar de la calidad de la educación, qué mejor que un vino español', ironizaba uno de los asistentes. Y preguntada en el aperitivo: -¿Ministra, por qué no ha dejado que surja el debate, qué mejor ocasión? -Porque lo plantearemos en el próximo Consejo Escolar. Las cosas deben seguir su curso.
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