Los sindicatos acusan al Gobierno catalán de consentir el 'cierre ilegal' de Lear

'En España hay leyes que tienen que cumplir incluso las empresas multinacionales, pero sobre todo los gobiernos', tras este preámbulo, Joan Coscubiela, secretario general de CC OO de Cataluña, añade: 'El Gobierno catalán se ha apresurado a aceptar que el cierre de la empresa Lear en Cervera es irreversible sin haber visto ni un papel. El cierre anunciado por la empresa es ilegal, lo grave es que tenga el apoyo en declaraciones del propio presidente Jordi Pujol'. En el mismo sentido se expresa el secretario de relaciones institucionales de UGT, Ciriaco Hidalgo.

Martínez (UGT): 'Lear tiene que devolver los millones recibidos en ayudas'.

El salario medio de la empresa es de 9.000 euros brutos al año.

El convenio del metal de Lleida es el segundo más bajo de España.

Coscubiela (CC OO): 'Pujol está en el límite de la responsabilidad penal'.

Hidalgo lamenta que el Departamento de Trabajo del Gobierno catalán se haya mostrado 'ausente y consentidor' en el conflicto de Lear. Isabel Martínez, secretaria de acción sindical de UGT, añade que la empresa antes de cerrar tiene que devolver los millones recibidos en ayudas de distinto tipo, tanto fiscales como para formación.

Una empresa que pretenda cerrar, explica Coscubiela, tiene que presentar un expediente en el que se planteen también soluciones alternativas. El expediente tiene que estar en periodo de consulta y a disposición de los trabajadores durante un mes, y el Gobierno catalán, que tiene competencias exclusivas, dispone de otro mes para adoptar una resolución. 'Lear no ha hecho nada de esto y Pujol ya se apresura a aceptar que es irreversible y se limita a anunciar que tratará de curar las heridas de los trabajadores. Se trata de unas declaraciones en el límite de la responsabilidad penal. Pujol prejuzga una decisión que tiene que tomar su Ejecutivo una vez estudiado el caso. Ni siquiera espera a ver el expediente y dice que ya tiene tomada la decisión'.

Coscubiela e Hidalgo coinciden en opinar que la actuación de la dirección de la empresa y la del Gobierno de CiU parecen 'concertadas'. Vicenç Rocosa, secretario de la federación del metal de Comisiones Obreras, lo explica así: 'Da la impresión de que ambos actúan con arreglo a una estrategia planificada. La empresa anuncia el cierre y comunica a los trabajadores que, si protestan, las indemnizaciones serán más bajas. Y el Gobierno catalán, al día siguiente, considera que el cierre es irreversible y que no hay otra salida que claudicar. Pues no es cierto: el Gobierno catalán puede oponerse al cierre. Más aún, tiene que aprobarlo. Y es evidente que no es lo mismo negociar con la empresa si se acepta que actúa de la única forma posible que si se dice que caben otras posibilidades'.

Coscubiela recuerda que la empresa se instaló en Cervera hace unos 15 o 16 años aprovechando dos cosas: las ayudas del consistorio, que 'casi le regaló los terrenos', y que Cervera se encuentra a menos de 30 kilómetros de la provincia de Barcelona, pero ya en Lleida, donde el convenio del metal es mucho más bajo.

El dirigente de Comisiones cree que embarcar a la factoría en un proceso que la ha llevado a fabricar prácticamente en exclusiva un único producto (cables para coches de la marca Volvo) era un camino sin retorno.

'Lo más grave es que el consejero de Industria, Antoni Subirà, fue informado por Lear de la situación hace tres meses, según nos ha dicho él mismo, y no sólo no hace nada, sino que tampoco nos informa', añade Coscubiela, que no duda en calificar de 'indignante' la actitud del Gobierno catalán en general y del presidente Jordi Pujol en particular.

'Subirà es informado y en lugar de reclamar, como es su obligación, la presentación de un expediente de regulación, da por hecho que el cierre es irreversible', dijo Coscubiela. 'Con esto, el Gobierno catalán renuncia a ejercer sus competencias y se convierte en un mero acompañante de lo que haga la empresa', añadió. Artur Mas aseguró, sin embargo, que 'no esperaba que la crisis se precipitara de este modo'.

Los motivos que llevaron a Lear a instalarse en Cervera son, a juicio de los sindicatos, los propios de una multinacional que sólo mira el beneficio inmediato sin atender al papel social de las empresas. Cervera está a unos 30 kilómetros de Igualada, donde la firma pensó primero en instalarse. Pero los salarios son el 30% más bajos allí, porque el convenio de Lleida es el segundo más bajo de España.

El salario medio de un trabajador de Lear ronda los 9.000 euros brutos al año, y tiene que trabajar hasta 1.788 horas anuales, frente a las 1.760 que establece el convenio de Barcelona.

En el momento de su implantación en Cervera, explica Isabel Martínez, Lear fue liberada de impuestos municipales, y con posterioridad ha recibido una importante cantidad de millones de pesetas para dar formación a los empleados. Todas estas cantidades, opina Martínez, tienen que ser retornadas antes de proceder al cierre de la empresa.

Vicenç Rocosa explica que en estos momentos no hay ni siquiera negociación porque la empresa ha anunciado la contratación de un gabinete laboral que los sindicatos no reconocen: 'Es la empresa la que tiene que negociar un plan que incluya la situación de las otras empresas que la firma tiene en España. Si quiere asesorarse por quien sea, bien, pero no vamos a negociar con otros'. Pero el punto esencial es que los sindicatos creen que el cierre es evitable, que Lear puede reflotar la planta con nuevos productos, salvo que el Gobierno catalán le ponga la huida en bandeja.