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El Gobierno catalán interviene la mutua L'Aliança tras abrirle una inspección

La entidad no podrá vender activos sin la autorización previa del Departamento de Economía

El Gobierno catalán decidió ayer intervenir la mutualidad de previsión social L'Aliança, la mayor de Cataluña, que tiene más de 200.000 socios. La entidad ha quedado intervenida a raíz de la 'gravedad' de los indicios aportados por el Departamento de Sanidad de la Generalitat en el sentido de que la entidad le facturó indebidamente, al menos durante varios meses de 2001. Según fuentes conocedoras de la medida, L'Aliança no podrá realizar ninguna venta de activos sin que previamente se lo autorice la Dirección General de Política Financiera.

Sobre L'Aliança y su largo historial de problemas económicos pende la sospecha de que, al menos durante los primeros siete meses de 2001, facturó al Servicio Catalán de la Salud (SCS) por pacientes que acudieron al mayor hospital de la entidad, el del Sagrat Cor de Barcelona, en su condición de socios de la mutua. Los asociados ya habían pagado sus correspondientes primas por tener acceso a esta atención médica. La supuesta doble facturación se elevaría a 7,2 millones de euros, lo que representa casi un 20% del concierto existente entre la mutua y el SCS.

El tajante rechazo con que L'Aliança encajó el pasado lunes esta acusación, que ha originado una 'inspección extraordinaria' conjunta de los departamentos de Economía y de Sanidad, no ha frenado al consejero de Economía, Francesc Homs, quien ayer mismo firmó la intervención a través de una resolución.

Economía, que notificó ayer su inspección a la mutua, augura que las investigaciones serán largas. 'Difícilmente podrán cerrarse antes de un par de meses', señaló este departamento. Aunque el análisis de Sanidad del que se desprende la posible doble facturación arrancara hace un año, la inspección 'se remontará también a los años anteriores'.

En las tirantes relaciones entre el Gobierno catalán y L'Aliança, dirigida por Ramón Carranza, existe otro frente abierto. Al margen de la doble facturación, la Generalitat también reclama a esta mutua -ya intervenida en 1997- los 9,42 millones de euros que fueron entregados a cuenta de liquidaciones de los años 1997 y 1998. Estas cantidades fueron aportadas por la Generalitat en el marco de las ayudas otorgadas a la mutua tras la crisis que sufrió en la segunda mitad de los noventa. Estas ayudas estaban condicionadas a que demostrara que su mayor centro hospitalario, el Sagrat Cor de Barcelona, estaba en pérdidas. La mutua no ha acreditado las pérdidas de este centro, sino las cuentas consolidadas del grupo.

La Generalitat también confirmó ayer que el Departamento de Sanidad ha decidido no pagar a la mutua 1,64 millones de euros reclamados por la entidad en concepto de 'regularización' de los años 1997 y 1998.

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