El pacto presupuestario permitirá a Guipúzcoa gastar 60 millones de euros más que con la prórroga

El pacto presupuestario sellado esta semana entre PNV-EA y los socialistas permitirá a la Diputación de Guipúzcoa gastar 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas) más que si hubiese tenido que prorrogar las cuentas por segundo año consecutivo. El Gobierno foral que preside Román Sudupe gestionará este año 496 millones de euros, apenas un 1,5% más que en el ejercicio anterior, de los que dos tercios se destinarán a la mejora de las carreteras y el reforzamiento de la política social. El presupuesto consigna 332,3 millones de euros como Cupo al Estado.

Sudupe y el titular foral de Hacienda, Antton Marquet, registraron ayer en las Juntas Generales guipuzcoanas el proyecto de presupuestos de 2002, que será aprobado en las próximas semanas con el apoyo del PSE-EE tras el acuerdo sellado por esta formación con la coalición nacionalista. Con este presupuesto, el Gobierno provincial podrá gestionar este año 60 millones de euros más que si hubiese tenido que continuar con una nueva prórroga, según explicó Sudupe. El acuerdo con los socialistas también le permite incluir 210,3 millones de euros para gastar en los próximos ejercicios.

La previsión total de ingresos de la Diputación asciende a 2.899 millones de euros (482.335 millones de pesetas), un 3,08% más que en el ejercicio anterior. En 2001, el Ejecutivo foral funcionó con los presupuestos del ejercicio precedente prorrogados hasta que, en el mes de junio, firmó un acuerdo con los socialistas para agregar a las cuentas 27,1 millones de euros para aumentar las inversiones.

Marquet detalló que, una vez deducidas las transferencias al Estado, al Gobierno vasco y a los 88 ayuntamientos guipuzcoanos, la Diputación contará con un presupuesto operativo de 496 millones de euros, apenas un 1,5% respecto al año pasado. Con este dinero, el Gobierno foral potenciará la política social, impulsará la adaptación a la sociedad de la información, mejorará las carreteras, promocionará el suelo industrial, apoyará la innovación tecnológica y acentuará las ayudas a la cultura.

Política social y carreteras

Las cuentas públicas, matizó Marquet, reservan gran parte del gasto -exactamente dos tercios del total- para los departamentos de Carreteras y Sevicios Sociales, los dos ámbitos donde las diputaciones tienen mayores competencias. El primero, con una consignación de 159,5 millones de euros (el 37,1% del total), invertirá en la ejecución de la autopista Eibar-Vitoria (A-1), actualmente en obras entre Eibar y Bergara, y acometerá la construcción de la variante de Pasaia, la autovía del Urumea (Hernani-San Sebastián) y el tramo Ormaiztegi-Zumarraga del eje Beasain-Durango, entre otros proyectos

Sudupe aclaró que el acuerdo con el PSE incluye la creación de una sociedad pública encargada de controlar la construcción y explotación de las autopistas Bilbao-Behobia y Eibar-Vitoria, aunque dejó abierta la posibilidad de constituir finalmente una agencia para cada carretera porque 'la A-8 está vinculada a la Diputación de Vizcaya y la A-1, a la de Álava'. Confirmó que se fijará un canon de uso en la A-8 y un peaje en la A-1, aunque ambas cantidades están por determinar pues le corresponderá hacerlo a la ponencia de las Juntas sobre financiación de carreteras, en la que están representados todos los partidos.

El Departamento de Servicios Sociales absorberá el 26,2% del gasto (132,6 millones de euros), principalmente para financiar la prestación de ayudas sociales y pensiones no contributivas. Este año se incluyen tres millones de euros para el programa asistencial que subvencionará a los mayores de 60 años cuyos ingresos no alcancen la renta mínima.

Para impulsar la denominada sociedad de la información, el Ejecutivo foral prevé gastar algo más de 12 millones de euros; destinará otros 2,4 millones de euros al fomento del empleo, y 8,7 millones de euros servirán para intensifircar la adquisición y preparación de suelo industrial.

Marquet explicó que el presupuesto contiene 539,9 millones de euros de créditos comprometidos hasta 2006, de los que el 80% están reservados para construir carreteras.