Luz sobre Enron

Casi el 60% de los estadounidenses, según las encuestas, creen que la Administración de Bush oculta algo a propósito de Enron. Es difícil no estar de acuerdo con ellos, vista la querencia de la Casa Blanca por el secretismo. Los interrogantes son mucho más numerosos que las certezas a propósito de la mayor quiebra conocida, y sobre ellos va emergiendo imparable lo que parece un caso delictivo de libro sobre la perversa colusión entre grandes corporaciones y los poderes políticos de turno, a los que cultivan para conseguir sus propósitos económicos.

El último movimiento de la saga es el intento del brazo investigador del Congreso para forzar judicialmente a la Administración a que haga públicos los documentos del comité energético de la Casa Blanca, dirigido por el vicepresidente, Dick Cheney. Este selecto grupo diseña la política energética de la única superpotencia del planeta, y sus miembros, comenzando por Cheney, se reunieron al menos media docena de veces el año pasado con directivos de Enron. El Parlamento cree que sus registros arrojarían luz sobre el papel desempeñado por la hundida compañía en la formulación de las prioridades estadounidenses en la materia.

No parece ocioso recordar que los ejecutivos de Enron figuran entre los más sólidos apoyos políticos del presidente Bush y que la megacompañía ha donado millones de dólares a la causa republicana. En la última década, las influencias y el dinero de Enron han ayudado a que legisladores y reguladores, no sólo en EE UU, modificaran la industria de forma que la megacorporación ahora quebrada se convirtiera en el sexto grupo energético mundial. Su generosidad no se ha circunscrito a EE UU, como lamenta estos días el jefe del Gobierno británico. Un más que azorado portavoz laborista ha admitido que ministros del ramo energético se reunieron varias veces con directivos de Enron al año siguiente de que Blair ganase las elecciones, y que el partido aceptó patrocinios nada despreciables de la firma estadounidense.

Cheney, con el aval de Bush, se niega a facilitar al Congreso la información requerida. Alega que los encuentros con Enron están protegidos por el llamado privilegio ejecutivo, una figura legal que permite al presidente o su entorno inmediato ser informado privadamente por expertos en diversos ámbitos, y que su divulgación guillotinaría en el futuro la disposición de los vip a mantener una interlocución directa con la Casa Blanca. El pretexto final, se trata además de una venganza política, resulta especialmente inane dirigido contra el responsable de la oficina investigadora parlamentaria, un ex miembro de las Administraciones de Reagan y Bush padre.

Los argumentos del Gobierno estadounidense no se sostienen a estas alturas del escándalo, cuando hay miles de ruinas familiares de por medio, un suicidio, negativas a testificar y la evidencia de que, incluso tras la apertura de una investigación formal por el organismo regulador del mercado, la Securities and Exchange Commission, tanto Enron como su auditor, Arthur Andersen, destruyeron documentos cruciales. En suma, fundadas sospechas de que en la formidable quiebra se han vulnerado todos los códigos éticos, empresariales y contables que las corporaciones y sus auditores proclaman como los diez mandamientos.

Watergate debería haber enseñado más a los dirigentes estadounidenses. Los ciudadanos de ese país -y no sólo ellos, dado el carácter tentacular de Enron- tienen derecho a todas las explicaciones sobre el escándalo. Las megacorporaciones tienen hoy poderes similares a los de muchos Gobiernos, pero, a diferencia de ellos, mucho de lo que les atañe -en realidad nos atañe a todos- permanece oculto. Nadie discute que una Administración deba conocer qué ocurre en el mundo de los grandes negocios o lo que preocupa a sus responsables, pero ese intercambio exige trasparencia cuando afecta a un plan nacional, en este caso el energético. El secreto, como sucede con Enron, autoriza a la opinión pública a sospechar que se está intentando pervertir el proceso democrático.