La ley de servicios de Internet pasa con retoques el Consejo de Estado

El Consejo de Estado ha remitido al Ministerio de Ciencia y Tecnología el informe sobre el anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI). En los 94 folios se aconsejan modificaciones técnicas a muchos artículos, pero no afectan sustancialmente a los aspectos que más alarma han causado en la comunidad internauta: que la ley no sólo regule las transacciones económicas en la Red, sino la actividad de otros prestadores de servicios que no exigen su pago (entrarían los webs de información, por ejemplo); que se les imponga la obligación de registrar la dirección y que la Administración pueda cerrar un sitio de Internet cautelarmente, sin intervención judicial, si considera que comete delito.

El documento avala que la Administración pueda cerrar cautelarmente un sitio de Internet cuando sea imprescindible para respetar los principios enumerados en la propia ley. El dictamen advierte, no obstante, que las medidas cautelares de que se dota la Administración (cierre) son mayores que la sanción que puede recaer con posterioridad al infractor (multa o prohibición de actuar temporalmente). El informe pone en evidencia muchas ambigüedades y contradicciones técnicas de la ley con respecto a otras normas españolas y la propia directiva europea que regula el tema, y critica que no se haya hecho una refundición de todas las leyes afectadas por este proyecto. El dictamen corrige que el proyecto excluya los servicios financieros y critica la imprecisión de algunas definiciones como quién es el prestador de servicios en Internet afectado por la ley. Sobre la obligación del registro de la dirección de Internet, el dictamen amplía los supuestos, pero advierte que ello no puede convertirse en una autorización previa para actuar en Internet.

Con anterioridad, el Consejo General del Poder Judicial emitió su dictamen, igualmente repleto de retoques técnicos, pero un vocal, Alfons López Tena, emitió un voto particular en contra por considerar que la LSSI atenta a libertades fundamentales. PSOE e IU piden su retirada por considerar que utiliza la directiva europea sobre comercio electrónico para regular la libertad de expresión en Internet.