Primeros amagos de una guerra por las primas económicas

Las quejas por la irregularidad del funcionamiento de los parques eólicos no han surgido de Red Electrica, compañía propietaria de la red de transporte. En el fondo de las críticas subyacen distintas posturas, desde la defensa de las nucleares a la de los partidarios del mercado como garante de una mayor eficiencia enérgetica. También hay quien persigue un nuevo reparto de las primas al fomento de las energías renovables, o quien aspira a introducir los certificados verdes.

Desde la Comisión Nacional de Energía se dice que los consumidores pagan sin enterarse un sobrecoste del 7% en su tarifa eléctrica para promover las energías renovables. Añade que sería preferible el sistema de certificados verdes implantado en los países nórdicos, Australia o Italia, que permite a los consumidores adquirir unos derechos verdes desgravables por la compra de energía renovable. Estos derechos podrán ser canjeables en el mercado de emisiones previsto en una Directiva que desarrollará el protocolo de Kioto a partir de 2005. 'España no ha apostado por este sistema, así que se colocará en desventaja. No poner en marcha estos mecanismos es un suicidio', se lamenta un portavoz de la Comisión. 'Las primas', añade, 'están muy bien para empezar, pero con el tiempo son ineficientes'.

La polémica subirá de tono a medida que transcurra 2002. Antes de que acabe este año, se revisarán las primas vigentes para los próximos cuatro años. Cada sector pide que le suban la suya. El eólico no figura entre los pedigüeños (algunos promotores aseguran poder competir sin ayudas). El de biomasa (energía que se obtiene por la combustión de residuos vegetales) se siente discriminado, aunque según el IDAE, la biomasa no es un recurso excedentario en España. 'Lo que es absurdo, añaden, es que algunos promotores quieran cobrar dos primas, una por librarse de unos residuos como los purines y otra por vender la energía generada al quemarlos'.