El Gobierno rechaza desde el 14 de enero las peticiones de regularización de los inmigrantes

La Administración General del Estado remitió el pasado día 14 a las delegaciones del Gobierno de toda España una orden para que denieguen los permisos de trabajo y de residencia que presenten los inmigrantes al margen del contingente de trabajadores extranjeros para este año. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y SOS Racismo consideran que esta medida condena a miles de personas a vivir en la ilegalidad.

La prohibición afecta incluso a las provincias que no solicitaron trabajadores para el cupo de 2002. La Administración no admite ninguna petición de permiso de trabajo y de residencia para inmigrantes que ya se encuentran en España y tienen ofertas de empleo firmes. Dado que los mecanismos de expulsión previstos en la Ley de Extranjería sólo se cumplen en los casos de marroquíes y nigerianos, la orden les obliga a trabajar en condiciones de ilegalidad.

Tanto CEAR como SOS Racismo recuerdan que esta medida se agrava con el incremento en la llegada de extranjeros y con la lentitud de la Administración, que aún no ha resuelto la mitad de las solicitudes presentadas en el último proceso de regularización.

Ambas ONG destacan que 'debido a lo reducido del cupo aprobado, que en muchas provincias no incluye ni una sola oferta de trabajo, la demanda de mano de obra extranjera para determinados sectores no será cubierta'.

También señalan 'la imposibilidad de acceso a unos derechos fundamentales básicos para miles de extranjeros en nuestro país', ya que la Ley de Extranjería, que el pasado miércoles cumplió su primer año de vigencia, vincula su disfrute a la obtención de un permiso de residencia.

SOS Racismo opina que la orden 'fomenta todo tipo de abusos y explotaciones' y acusa a la Administración de 'responsable directa de la situación. Es ella quien crea las condiciones para que eso de dé'.

CEAR ha anunciado su intención de recurrir el contenido de la resolución, que responde al acuerdo por el que el Consejo de Ministros aprobó, el 21 de diciembre de 2001, el contingente de trabajadores extranjeros. La ONG considera que introduce una restricción no prevista ni en la Ley ni en el Reglamento de Extranjería y recuerda a la Administración su obligación legal de recoger todas las peticiones que le sean dirigidas.

Seguridad Social

La promulgación de la orden coincide con la noticia de que el año pasado se afiliaron a la Seguridad Social 135.800 inmigrantes, lo que supone un 43,6% más que en 2000. Del total de 452.068 no comunitarios inscritos, el 43% son marroquíes (127.707) y ecuatorianos (66.662).

El 64% de los inmigrantes están inscritos en el régimen general. Les siguen los trabajadores del campo (16,3%) y los domésticos (11,6%). Los marroquíes son mayoritarios en la agricultura, con 43.733 trabajadores. Los ecuatorianos se han especializado en el hogar (12.840), y más de la tercera parte de los chinos (5.764) cotizan como autónomos.

[La situación de los inmigrantes sigue agravándose en Canarias La Guardia Civil localizó la noche del sábado otra patera a tres millas de Fuerteventura. A bordo viajaban 18 inmigrantes irregulares (10 marroquíes y 8 de Sierra Leona) y el patrón, de origen magrebí.]