El Gobierno reitera su negativa a nuevas regularizaciones pese a las críticas de la oposición

El delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, ha reiterado hoy la intención del Ejecutivo de no otorgar más permisos de trabajo ni de residencia mientras siga habiendo en paro inmigrantes con permiso de trabajo. Según Fernández Miranda, España cuenta con 84.000 trabajadores extracomunitarios que tienen permiso laboral pero están desempleados. En su opinión, el mercado de trabajo se encuentra ya "equilibrado" y no puede admitir más inmigrantes que los fijados en el contingente.

La Administración General del Estado remitió el pasado día 14 a las delegaciones del Gobierno de toda España una orden para que denieguen los permisos de trabajo y de residencia que presenten los inmigrantes al margen del contingente de trabajadores extranjeros para este año. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y SOS Racismo consideraron que esta medida condenaba a miles de personas a vivir en la ilegalidad.

Fernández Miranda, que ha participado hoy en un simposio sobre políticas de Inmigración en Barcelona, ha defendido el decreto que establece los contingentes de trabajadores extranjeros para el año 2002, y suprime la posibilidad de regularizar a inmigrantes sin papeles al margen del cupo de empleados inmigrantes autorizado para este año.

Frente a las críticas de sindicatos, ONG e incluso del gobierno de la Generalitat a este decreto, Fernández Miranda ha recalcado que la nueva normativa parte "de un planteamiento prudente, consensuado con los representantes de la administración autonómica y local, en el marco del Consejo Superior de Política de Inmigración".

El responsable gubernamental para la inmigración ha señalado que, desde el momento que hay 84.000 inmigrantes legales sin trabajo, significa que "el mercado laboral está equilibrado, hemos dado los trabajos disponibles que podíamos para dar oportunidades de futuro".

Fernández Miranda ha subrayado que "en España tenemos una capacidad de acogida limitada y esta limitación la establece el mercado laboral".

El cupo de trabajadores extranjeros en España para el año 2002 se ha marcado en 32.000 personas (10.000 para empleos estables y 22.000 de temporada), con lo que, según Fernández Miranda, "se van a dar 32.000 nuevos puestos de trabajo, contando que también debemos intentar dar un empleo a aquellos 84.000 que están parados".

Si estas 84.000 personas continúan sin empleo en el momento que les caduque el permiso de residencia y de trabajo, no se les va a volver a renovar el permiso y deberán volver a su país, según la legislación vigente.

"Debe encontrarse el equilibrio para que la única forma a partir de ahora para poder trabajar en España sea firmando el contrato de empleo en el país de origen", ha agregado Fernández Miranda, quien ha advertido que "las regularizaciones extraordinarias ya no van a volver a producirse".

Fernández Miranda ha asegurado que el principal objetivo del Gobierno es "luchar contra la inmigración ilegal, que en el cien por cien de los casos es sinónimo de explotación, marginalidad, delincuencia y confrontación social, en un círculo vicioso que desde el principio hemos querido romper".

El delegado del Gobierno ha insistido que en los últimos dos años la administración central ha examinado 600.000 solicitudes de regularización, lo que va a permitir que durante el primer trimestre de 2002, se hayan regularizado 400.000 personas, con lo que el número de extranjeros residentes legalmente se elevará 1.200.000 personas.

Incremento de la inmigración ilegal

La secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, ha mostrado su rechazo a la decisión del Gobierno de restringir la tramitación de permisos de trabajo para extranjeros a través del Régimen General a partir de la entrada en vigor del Contingente de trabajadores no comunitarios el pasado 14 de enero. "Es una medida ineficaz y no solucionará, sino que fomentará el problema de la inmigración ilegal, incrementando el riesgo de marginalidad", ha dicho.

En este sentido, critica que el Ejecutivo, por un lado, apruebe un cupo exiguo que no se sabe si corresponde a los planteamientos de sindicatos y empresarios, y por otro, inhabilite el régimen general de regularización de extranjeros.

Del mismo modo, rechaza las declaraciones del Delegado del Gobierno para la Inmigración en relación a que la única posibilidad de trabajo en España a la firma de un contrato en el país de origen, ha señalado que "el señor Fernández Miranda dispone de una visión restrictiva y estática del mercado de trabajo, que ignora las necesidades de empleo que se puedan ir generando de manera sucesiva con independencia del contingente anual".

Por ello, pide al Gobierno coherencia y advierte de que "no se trata de dar permisos a todos, tengan o no posibilidad de trabajar, sino de poder satisfacer la oferta y la demanda del mercado laboral".

"El Gobierno parece ignorar que disponer de un puesto de trabajo legal constituye una vía esencial para lograr la plena integración del inmigrante y con decisiones de esa naturaleza, se aleja gravemente de ese objetivo", concluye.