El veto del Gobierno a nuevas regularizaciones desata el rechazo de la izquierda y los sindicatos

Oposición y sindicatos han condenado la orden del Gobierno a sus delegaciones para que denieguen las solicitudes de trabajo y residencia presentadas desde el 14 de enero. El PSOE afirma que la medida 'perjudica tanto al trabajador extranjero como al empresario'; UGT acusa al Ejecutivo de 'vulnerar su propia Ley de Extranjería', y CC OO estudia interponer un recurso contencioso administrativo. El delegado para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, replica que el mercado de trabajo está equilibrado y que hay 84.000 inmigrantes en paro.

El director general de Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Antonio Maceda, intentó quitar hierro a la polémica y declaró a la agencia Europa Press que no existe ninguna instrucción administrativa que diga que tienen que denegarse todas las solicitudes de trabajo presentadas al régimen general, sino que el texto señala que 'podrán denegarse' esas peticiones. 'No quiere decir que se tengan que denegar todas, sino que se estudiará cada una y en cada caso, según las circunstancias, se resolverá favorablemente o se denegará'.

Maceda se refiere a la circular número 1/2002, emitida por su dirección general el pasado día 16. Este documento, de 19 folios, utiliza un lenguaje más diplomático que otro remitido cuatro días antes por la Administración General del Estado a las delegaciones del Gobierno de toda España, al que no contradice, que permanece expuesto en muchas dependencias encargadas de la atención a los inmigrantes.

El documento del día 12 de enero, en vigor, dice textualmente: 'Los permisos de trabajo y residencia que se formulen a partir del 14 de enero de 2002 a través de un procedimiento distinto del contingente serán denegados'.

EL PAÍS ha tenido acceso además a dos plantillas elaboradas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para rechazar las solicitudes. La primera de ellas resuelve la inadmisión a trámite de la petición 'por considerar que se tramita por un procedimiento inadecuado'. El ministerio también elaboró otro modelo en la que deniega la solicitud, una vez admitida a trámite, porque 'existe suficiencia de trabajadores en todo el territorio nacional capacitados para atender la concreta oferta de empleo de la empresa'. Expertos legales consideran dudosa la legalidad de ambos documentos.

'Visión restrictiva'

La secretaria de políticas sociales y migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, ha mostrado su oposición a la decisión del Gobierno de rechazar las solicitudes de trabajo y de residencia presentadas a partir del día 14, que supone prescindir del régimen general de regularización de extranjeros como vía para tramitar los permisos de trabajo. 'Por un lado, el Gobierno del PP aprueba un cupo exiguo que ignoramos si corresponde a los planteamientos de sindicatos y empresarios, y por otro inhabilita el régimen general'.

Para Rumí, 'Fernández-Miranda dispone de una visión restrictiva y estática del mercado de trabajo, que ignora las necesidades de empleo que se puedan ir generando de manera sucesiva con independencia del contingente anual'. La portavoz socialista ha denunciado 'la situación en que coloca esta medida al extranjero que ya se encuentra en España, que tiene una oferta de trabajo, pero no puede obtener de ninguna forma su permiso de trabajo'.

Desde CC OO, la responsable de política social e inmigración, Paloma López, acusó al Ejecutivo de intentar convertir la vía del régimen general en un procedimiento subsidiario del contingente de trabajadores no comunitarios. Anunció que el sindicato estudia recurrir esa decisión, ya que considera que viola varias normas fundamentales.

López afirmó que la medida del Gobierno puede afectar a unos 250.000 extranjeros que se encuentran en España en situación irregular, pero que podrían acceder a un permiso de trabajo en virtud de un precontrato laboral.

También UGT ha criticado el cierre del régimen general: 'Es otra de las aplicaciones sesgadas de la normativa vigente'. Para el sindicato, la medida perjudica la imagen del contingente, que indirectamente se ve puesto en cuestión porque 'el Gobierno sigue sin dar una solución a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular'.

Las reacciones del PSOE, CC OO y UGT se unen a las críticas formuladas el día anterior por Izquierda Unida y varias ONG.

Inmigrantes parados

Por su parte, el delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, aseguró que en España hay 84.000 trabajadores extracomunitarios, regularizados y con permiso de trabajo, que están desempleados. 'Si en el momento de renovar su permiso de residencia no tienen ningún trabajo, no encontrarán la posibilidad de seguir residiendo entre nosotros', añadió.

Fernández-Miranda, que inauguró el simposio sobre Políticas de Inmigración organizado en Barcelona por el Institut Català de la Mediterrànea (ICM), considera que el mercado de trabajo español está equilibrado y que España no puede admitir este año más inmigrantes que los 32.000 fijados en el contingente (tras sumar 10.000 empleos estables y 22.000 de temporada), y negó tajantemente que se vaya a producir una regularización extraordinaria.

Al acto de inauguración del simposio asistieron el conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, y el consejero del ministro de Justicia de Marruecos Abdelatif Felk, que insistió en la voluntad de su Gobierno de 'mantener el diálogo más allá de las dificultades y los problemas' sobre la inmigración.

Fernández-Miranda rechazó la pretensión expresada por la Generalitat de abrir oficinas en el extranjero para contratar trabajadores con destino a empresas catalanas, algunas de las cuales se han quejado de la escasez de los cupos de este año, protesta en la que han sido apoyadas por el Ejecutivo de Jordi Pujol. Según la legislación en vigor, dijo, las competencias para otorgar permisos de trabajo y residencia 'son exclusivas del Estado'.