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14 sindicatos y ONG deciden recurrir el veto del Gobierno a nuevas regularizaciones

El Foro de la Inmigración convocará un pleno urgente para analizar la situación

La Mesa de la Sociedad Civil para la Inmigración, de la que forman parte 14 organizaciones, entre sindicatos y ONG, presentará un recurso contencioso administrativo contra el decreto que regula el contingente de extranjeros que podrán venir a trabajar en España este año y contra la orden del Gobierno para que sean denegadas las solicitudes de trabajo y residencia presentadas desde el 14 de enero. Además, las organizaciones presentes en el Foro de la Inmigración, controlado por el Ejecutivo, han forzado la convocatoria de un pleno urgente para estudiar la situación.

De la Mesa de la Sociedad Civil para la Inmigración forman parte sindicatos como CC OO y USO, y ONG del prestigio de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), de la fuerza de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) y de la combatividad de SOS Racismo, por citar algunas de las más conocidas.

Fue fundada recientemente por organizaciones disconformes con los cambios que introdujo el delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, en la composición del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, con el fin de controlarlo. Algunas de sus 14 organizaciones están también presentes en el Foro.

Un portavoz de la Mesa declaró a EL PAÍS que el organismo presentará a mediados de este mes un recurso contra el decreto de convocatoria del contingente de inmigrantes para este año, que el Gobierno aprobó el 12 de enero. Asimismo, recurrirá la orden cursada por el Ejecutivo a sus delegaciones para que denieguen las solicitudes de regularización presentadas desde el día 14 del mes pasado.

También el Foro estudiará la situación creada por la orden del día 14. Las ONG y los sindicatos presentes en ese organismo oficial lograron forzar la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente.

Críticas generalizadas

La orden de cierre del régimen general, que es la vía más importante para la regularización de los extranjeros que se encuentran en España y tienen una oferta de trabajo, provocó críticas por parte de todas las organizaciones presentes en la Mesa y en el Foro.

Incluso asociaciones poco beligerantes con el Gobierno, como Cáritas Española, hicieron patente su desacuerdo. Esta organización resalta que 'el hecho de que no se admitan a trámite las solicitudes de permiso de trabajo realizadas en el régimen general por los trabajadores irregulares que se encuentran en España supone una condena añadida al anonimato y les cierra el cauce para su regularización'.

La ONG colombiana Aicode (Asociación Iberoamericana para la Cooperación, el Desarrollo y los Derechos Humanos), de carácter también moderado, presentó en el Foro un informe jurídico en el que recomienda que 'debe darse fin, o no dar comienzo', a la aplicación del decreto sobre el contingente. Y añade que deben seguir admitiéndose las solicitudes de permiso de trabajo por el régimen ordinario, por 'razones de legalidad y de realismo'.

Las críticas de las organizaciones de inmigrantes alcanzaron también al ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, quien anunció ayer la aprobación, 'en un plazo no mayor a dos semanas', del anteproyecto de ley para la admisión de iberoamericanos en las Fuerzas Armadas. El portavoz de la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, dijo que la intención del Gobierno es utilizar a los inmigrantes como 'carne de cañón'. La organización de peruanos en España Ari-Perú opinó que el Ejecutivo 'trata a los inmigrantes como mercancías'. CC OO afirmó que la decisión de incorporar sólo a latinoamericanos es 'discriminatoria'. Y el presidente de ATIME, Abdelhamid Beyuki, declaró: 'El Gobierno cree que los latinos pueden ser mucho más leales a España que los musulmanes. Me habría sorprendido que tomara una decisión distinta'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de febrero de 2002