EE UU impulsa una reforma para vigilar el rendimiento de los alumnos
Colegios y profesores recibirán penalizaciones y premios según los resultados
Alos grandes males de la enseñanza pública primaria y secundaria en Estados Unidos, el presidente George W. Bush ha impuesto drásticos remedios 'para que ningún niño se quede atrás'. La Ley de Reforma de la Educación Primaria y Secundaria (ESEA) que acaba de aprobarse tiene dos objetivos: eliminar la enorme disparidad en los niveles de educación entre los 50 Estados y desterrar el llamado sistema de 'ascenso social' de los alumnos, basado en la filosofía de lo políticamente correcto, que eleva a los niños de curso sin tener en cuenta su rendimiento y sin exigir responsabilidades a los educadores. A partir de ahora, o se demuestran resultados o el gobierno federal cierra primero el grifo del dinero y a continuación los colegios que no den la talla.
El peso caerá sobre los hombros de los maestros a los que se medirá su capacitación
No se introducen variaciones en los planes de estudios ni en las asignaturas
Por primera vez en 37 años, EEUU va a exigir exámenes anuales de matemáticas y lectura en los grados tercero a octavo (de 7 a 12 años) para medir el rendimiento y progreso de los alumnos. Las pruebas serán standard en todos los Estados con el fin de comparar los niveles, que hoy por hoy son tan distintos que las excelentes notas de un niño en Dallas pueden equivaler a un suspenso en Boston, por ejemplo. La disparidad se explica porque al ser la educación una competencia de los Estados, cada uno establece sus propios planes de estudio y sus sistemas de control de calidad en la enseñanza.
Paul Reville, director del centro Pew de la facultad de educación de la Universidad de Harvard, opina que al uniformar el sistema para medir el aprendizaje 'se ha dado un paso hacia adelante en la dirección correcta'. La Federación Nacional de Maestros (que representa a 800.000 en centros urbanos) está de acuerdo con Reville, sin embargo la Asociación Nacional de la Educación, que representa a dos millones de maestros en áreas más bien rurales, cree que las pruebas anuales en dos asignaturas empobrecen el plan de estudios.
Parámetros de evaluación
La reforma impulsada por Bush no es estructural, sólo establece parámetros de evaluación con los que pretende lograr un cierto grado de homogeneidad en la enseñaza. No introduce variaciones en los planes de estudios ni cambia las asignaturas o contenidos, aunque indirectamente trata de fomentar el aprendizaje de ciertos valores. Por ejemplo incentiva las clases de historia 'tradicional' americana concediendo fondos adicionales a los colegios que se comprometan a darlas.
Los exámenes de los alumnos servirán también de baremo para evaluar la calidad del propio centro escolar. Los que no mejoren los resultados en dos años recibirán una especie de amonestación y los alumnos podrán cambiare a otro colegio público mejor o solicitar un tutor pagado por el gobierno local. Si vuelven a fracasar, al cabo de cuatro años las autoridades educativas pueden ordenar el cierre del centro o la renovación parcial o total de la plantilla.
El peso de la reforma cae sobre los hombros de los maestros. Según los cambios aprobadados, se les va a medir no sólo por los resultados de sus alumnos sino que tendrán que someterse a una serie de pruebas de capacitación. Los profesores que no las hayan superado en el año 2005 estarán sujetos a disciplina laboral, incluyendo en teoría el despido. Pero llevar esto a la práctica es difícil por dos razones: la presión de los sindicatos y la crónica escasez de docentes, señala Janet Bass, portavoz de la Federación Nacional de Maestros, que apoyan la reforma de Bush. (En California, por ejemplo, necesitan contratar otros 300.000 profesores en los próximos 10 años).
Desde 1965, los sucesivos intentos a nivel federal de mejorar la enseñanza pueden calificarse como desastrosos. A pesar de que el gobierno de Washington ha inyectado 200.000 millones de dólares a los presupuestos de educación de los Estados, actualmente casi el 70% de los estudiantes del cuarto curso de primaria (ocho años) en zonas urbanas no alcanzan el nivel básico de lectura, y los alumnos del último año de secundaria (de 12 años) van detrás de los de Chipre y Sudáfrica en matemáticas.
El 7% de los presupuestos
La ley que introduce esta reforma educativa destina 26.500 millones de dólares (unos 30.000 millones de euros) para este año escolar, lo que representa un aumento de 8.000 millones de dólares (unos 9.000 millones de euros) con respecto al año anterior. También destina otros 1.000 millones de dólares (1.130 millones de euros) adicionales exclusivamente para clases de lectura.
Pero la contribución federal sólo representa un 7% de los presupuestos de educación de cada estado, y de ahí se derivan las dudas sobre el impacto que realmente puede tener.
La Organización Nacional de Directores de Colegios (que tiene alrededor de 14.000 miembros) se opone a la reforma porque considera que no es justo que con una aportación tan pequeña por parte de Washington, el Gobierno central imponga tantas exigencias, que, según consideran los miembros de esta organización, son más ruido político que una verdadera reestructuración de la educación norteamericana.
La 'venta política' de los cambios educativos
La reforma de la educación impulsada en EE UU es, ante todo, muy vistosa políticamente y sin grandes riesgos. Una victoria para el presidente George W. Bush que hizo de la educación su principal promesa electoral y el tema que quería inicialmente convertir en símbolo de su presidencia. De ahí la campaña de mercadotecnia que ha acompañado a la votación de la ley en el Congreso, dando la sensación de que se trata de una reforma mucho más amplia de lo que es en realidad. Ciertos sectores críticos ven, además, segundas intenciones tras el loable objetivo de que 'ningún niño se quede atrás'. Apuntan a dos fines puramente mercantilistas. El primero es la presión del estamento empresarial, tan vinculado a la presidencia de Bush, de crear una fuerza laboral de base globalmente competitiva. Y el segundo es más siniestro: favorecer a la industria editorial de libros escolares fomentando la lectura, y a la de los exámenes anuales (para los que el Gobierno contrata a empresas especializadas). Tanto unos como otros, sin duda se van a hacer de oro.
La revista
The Nation
iba recientemente más allá vinculando la 'revolución educativa' de Bush a las ganancias de su íntimo amigo de la infancia, Harold McGraw-Hill, propietario de una de las llamadas Big Three -McGraw Hill, Houghton-Mifflin y Harcourt General-, todas empresas dedicadas a la publicación de libros escolares y confección de exámenes. Esas críticas nunca llegaron a tener eco en el Congreso, donde Bush logró recavar el apoyo de ambos partidos, republicano y demócrata, e incluso el del senador ultraliberal Ted Kennedy. Y con ello, no sólo desarmó la maquinaria crítica, sino que se ha podido atribuir el cumplimiento de otra segunda promesa electoral: cambiar el habitual tono en Washington de tirarse a la yugular del oponente. Pero la verdadera novedad política de la ley reside en que el Gobierno federal asume un mayor control de la educación, que hasta ahora había sido una competencia íntegramente en manos de los Estados. Implica un cambio de la filosofía republicana que por décadas ha favorecido la descentralización total mientras que los demócratas, la izquierda, han abogado tradicionalmente por lo contrario.
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