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El Poder Judicial se rompe tras copar los conservadores las vacantes del Supremo

Los vocales progresistas denuncian que se ha vulnerado el Pacto por la Justicia

Los ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial elegidos a propuesta del PSOE e IU y la asociación Jueces para la Democracia acusaron ayer a los vocales designados a propuesta del PP, CiU y la Asociación Profesional de la Magistratura de romper el consenso iniciado en el Pacto de Estado para la Justicia y de imponer sus decisiones unilateralmente 'abusando de su mayoría numérica'. El consenso quedó hecho añicos después de que los conservadores impusieran los nombramientos de sus cuatro candidatos para las cuatro vacantes del Tribunal Supremo.

Milagros Calvo, juez perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura y fuertemente contestada por diversos profesionales del derecho laboral, fue elegida ayer como magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Es la primera mujer que accede a esa categoría, aunque fue elegida con las abstenciones de los ocho vocales progresistas que se quejaron de que los conservadores ni siquiera entraron a considerar a ninguna de las mujeres que ellos proponían para otras salas del Supremo: Margarita Robles y Soledad Cazorla (Penal) y María Teresa Freixes (contencioso).

Antes de la elección de los magistrados, el vicepresidente del Poder Judicial, Fernando Salinas, y los vocales Monserrat Comas, María Ángeles García, José Antonio Alonso, Javier Martínez Lázaro, Luis Aguiar, Juan Carlos Campos y Félix Pantoja intentaron una mediación a través del presidente del Consejo, Francisco Hernando. El inicio del pleno se retrasó dos horas.

Los conservadores mantuvieron su postura firme y además de Mercedes Calvo, fueron elegidos con los 12 votos de la mayoría José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero para la Sala de lo Penal, y Agustín Puente, para la de lo Contencioso Administrativo. De los nueve nombramientos que se han producido hasta ahora por distintas vacantes en órganos judiciales, ocho han correspondido al sector del PP y sólo uno al del PSOE.

Ruptura

Tras la imposición de los cuatro magistrados del sector del PP, los vocales progresistas convocaron una conferencia de prensa en la que denunciaron que la actuación de los conservadores suponía la ruptura del modelo constitucional de convivencia en el Consejo. Ecplicaron que el espíritu del Pacto de Estado para la Justicia suponía el consenso entre las más importantes fuerzas políticas parlamentarias de la necesidad de actuar de común acuerdo con la finalidad de modernizar y reformar la justicia. Y así, la primera ley fruto de ese pacto fue la de constitución del Consejo del Poder Judicial. Recordaron que en la exposición de motivos de esa norma se proclama que la modernización de la justicia que demanda la sociedad española debe cimentarse en el consenso (...); consenso que asegure que el Poder Judicial actúa como poder independiente, unitario e integrado, regido por una coherencia institucional comúnmente aceptada'. Y el texto añadía: 'ello afecta lógicamente a la composición', pero también al 'funcionamiento del CGPJ, órgano de gobierno del mismo, sobre cuya reforma se ha forjado ya un amplio y fructífero acuerdo político'.

Los vocales progresistas recordaron que el consenso suponía un respeto al principio de proporcionalidad y que como consecuencia de ello se eligió por unanimidad al presidente del CGPJ.

'La realidad', dijeron los vocales citados, 'está demostrando (...) que por el grupo mayoritario, en el que se ha integrado el presidente del CGPJ, se están adoptando unilateralmente todas las decisiones abusando de su mayoría numérica, sin ni siquiera querer dialogar o deliberar para intentar lograr un posible acercamiento entre las posibles distintas posturas, imponiendo por la mayoría de sus votos, y sin ningún tipo de diálogo previo todas y cada una de las decisiones'.

Los vocales explicaron que esa forma de actuación 'se está reflejando en temas tan importantes para la independencia judicial (...) como la falta de crítica a recientes intromisiones en la actuación del Poder Judicial, en la política de selección y formación de jueces, o en la forma de funcionamiento y fines de la Escuela Judicial, en materias como la Inspección de los juzgados y tribunales, (...) en la política de nombramientos o en la estructura de los órganos técnicos del propio Consejo en los que pretende imponerse como letrados sólo a los que comparten determinadas sensibilidades'.

El vocal José Antonio Alonso, elegido a propuesta del PSOE, criticó la falta de diálogo de sus compañeros conservadores. 'Han tratado de ganar un capítulo simbólico como es elegir para la derecha la primera magistrada del Tribunal Supremo, pero han despreciado la política de introducir mujeres en el alto tribunal. Les da igual que sean de izquierdas o derechas, porque no quieren poner a más'.

Escenario complicado

Adolfo Prego, en nombre de la mayoría conservadora, negó que los vocales elegidos a propuesta del PP y CiU hubieran pasado el 'rodillo' y señaló que las discrepancias obedecen a una 'controversia natural', que no es otra que la primera mujer en el Tribunal Supremo ha sido elegida por los conservadores, según este vocal. Indicó que en ocasiones el consenso no es posible y calificó la actitud de los progresistas de 'nerviosismo', porque les habían metido 'un gol'.

El portavoz socialista en la comisión de Justicia, Javier Barrero, se mostró preocupado por lo ocurrido en el Consejo y declaró: 'estamos en presencia de una actuación profundamente sectaria que, a nuestro entender, supone una ruptura del consenso'. IU pidió al ministro de Justicia, Ángel Acebes, que 'detenga el rodillo judicial de los conservadores'. El ministro consideró que 'un desacuerdo puntual no puede ser causa de grave enfrentamiento en el CGPJ'.

La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura tachó de 'pataleta' la actitud de los vocales progresistas..

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de enero de 2002