El Gobierno avala el plan para expulsar de Melilla a familias de menores delincuentes

El secretario de Estado para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, expresó ayer su apoyo a las declaraciones del Gobierno en Melilla, Arturo Esteban, respecto a la posibilidad de expulsar no sólo a los menores inmigrantes que cometan delitos, sino también a los familiares que tengan la patria potestad sobre ellos. Fernández-Miranda señaló en Melilla que esas medidas excepcionales se adoptarían siempre con conocimiento de los tribunales, y comunicó que su literalidad, así como los informes jurídicos que las avalan, van a ser enviados para su examen a la adjunta primera del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, a petición de ésta.

Fernández Miranda, que se entrevistó con el delegado del Gobierno así como con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, senador del PP, y con representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, manifestó que 'los objetivos que ha marcado la Junta de Seguridad son los que marca el Gobierno de la nación; es decir, preservar la convivencia y la tranquilidad social. La reunión de la Junta de Seguridad', prosiguió, 'ha dado lugar a una serie de medidas que comienzan a dar sus frutos, como los controles policiales. Con respecto a otras medidas y más específicamente al hecho de incoar expedientes de expulsión, se va a enviar la literalidad de los acuerdos adoptados, poniendo claramente de manifiesto que se plantean una serie de medidas, unas más excepcionales que otras, incluso extremas -como el llegar a la expul-sión-, pero que antes de llevarlas a cabo se harían con conocimiento judicial'.

El acuerdo de la Junta local de Seguridad al que se refiere Fernández-Miranda consiste en que 'aquel menor que delinca, y si la autoridad judicial lo permite, será expulsado del país junto con su familias', en referencia a los menores con permiso de residencia, según anunció en su día el delegado del Gobierno.

Fernández-Miranda afirmó que la polémica creada por las declaraciones del delegado del Gobierno a favor de este acuerdo es positiva 'porque se abre el debate en la sociedad en general sobre las obligaciones de las personas que ostentan la patria potestad hacia sus tutelados. Los padres o los responsables deben velar por una integración social, por una educación dentro del marco de la ley, porque estamos obligados a vigilar y cuidar los comportamientos de los menores en el seno de la patria potestad'.