El Gobierno central bloquea el mayor proyecto comercial vasco por razones medioambientales

El Ministerio de Medio Ambiente ha paralizado el mayor proyecto comercial en desarrollo de Euskadi, el denominado Megapark en Barakaldo que prevé una inversión de 270,4 millones de euros (45.000 millones de pesetas) para construir 12,5 hectáreas de zonas de comercio, entre las que está prevista la instalación de la multinacional sueca del mueble Ikea. El Gobierno central ha abierto un expediente de deslinde del área de dominio público marítimo-terrestre que supone considerar zona protegida una parte importante de las 32,5 hectáreas de terrenos incluidas en el proyecto.

El deslinde supone la paralización de las licencias de construcción en la vega de Ibarreta-Zuloko, situada justo enfrente del Max Center, al otro lado de la autopista A-8 de Bilbao hacia Santander. La decisión llega justo cuando el Ayuntamiento de Barakaldo, para el que éste es su proyecto estrella, había anunciado recientemente que los permisos se concederían el próximo mes de febrero y las obras comenzarían de manera inmediata.

Medio Ambiente considera en las conclusiones de su informe, a las que ha tenido acceso este diario, que en este área se constata presencia de agua salina, por lo que existe una 'influencia mareal'. Por ello, establece una reserva de dominio público -una zona de especial protección ambiental- de 100 metros lineales a partir del cauce del río Castaños, que discurre paralelo a la A-8.

El informe, que se hará oficial en las próximas semanas, confirma las tesis mantenidas por los ecologistas, que desde hace tres años se oponen a los planes de urbanización en este área. La resolución adoptada por el Ministerio de Medio Ambiente supone, en cambio, un fuerte revés a los planes del Ayuntamiento de Barakaldo, que siempre ha rechazado cualquier valor ecológico de esta zona, para crear una gran área comercial y de ocio.

La Dirección de Costas instó al consistorio baracaldés en marzo pasado a paralizar las actuaciones urbanísticas en la vega de Ibarreta-Zuloko hasta que se definiera el deslinde. Pero el Ayuntamiento, gobernado por el socialista Carlos Pera, desoyó estas recomendaciones y semanas después adjudicó las obras de urbanización, que se iniciaron en mayo. La elaboración del informe de deslinde se inició hace más de medio año, después de la presión ejercida por la plataforma ecologista Ezpitsua. En principio, iba a estar concluido para el pasado septiembre, pero se ha ido demorando hasta ahora.

El estudio, elaborado por una consultora independiente y que ha contado con la ayuda de la Universidad del País Vasco para el análisis de las mareas y la flora, propone establecer el deslinde a la altura del puente de Retuerto. De esta manera, a partir del río Castaños, que discurre paralelo a la A-8, se acota una reserva de dominio publico de 100 metros lineales.

La propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, en la línea de los planteamientos que han venido haciendo los grupos ecologistas opuestos al proyecto comercial, conlleva la suspensión de cualquier tipo de licencia de obras en esa zona. Ahora será sometida a exposición pública y se abrirá el correspondiente plazo de presentación de alegaciones. Según las fuentes consultadas, el ministerio va a pedir al Gobierno vasco que incluya este área en el Plan de Zonas Húmedas. El Ayuntamiento de Barakaldo ha insistido en los últimos meses en que la vega de Ibarreta-Zuloko no está recogida ni en el catálogo de humedales del País Vasco ni en el inventario de este tipo de áreas de la comunidad vasca del pasado mes de abril.

El proyecto incluye una superficie de 32,5 hectáreras, de las que se prevé destinar 12,5 a actividad comercial, entre las que destaca la presencia de la multinacional del mueble Ikea, la firma Conforama (dedicada al hogar), la tienda deportiva Decathlon; Mediaworkt y Boluganger, especialistas en electrodomésticos e informática; Norauto, del sector del automóvil; y la cadena hotelera francesa Novotel, que pretende instalar un hotel en el parque comercial. Además, está prevista la construcción de 324 viviendas, 10,4 hectáreas de metros cuadrados de zonas verdes, 9,6 de nuevas calles y 8.000 aparcamientos.

La incógnita radica ahora en qué pasará con las obras de urbanización de la zona iniciadas en mayo pasado por el consistorio. Los ecologistas sostienen que, a pesar de los trabajos realizados estos meses, la zona se puede recuperar medioambientalmente a corto plazo y han comprobado cómo, durante unos días en los que no ha habido trabajos, han brotado de nuevo varios carrizales.

Ikea, la principal empresa del proyecto, ya se había replanteado en los últimos meses su participación debido a la polémica medioambiental surgida a causa del deslinde. La firma sueca, que tiene tres centros en España (dos en Madrid y otro en Badalona), ha asegurado que barajaba otros emplazamientos en el País Vasco.

'Precipitación'

La compañía ya conoce las conclusiones del informe de Medio Ambiente y, desde la próxima semana, tiene previsto celebrar varias reuniones en Bilbao para abordar este asunto. La plataforma Ekologistak Martxan mantuvo un encuentro ayer en Madrid con respondables de Costas sobre este asunto.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barakaldo, Rafael Carriegas, afirmó ayer que esta decisión demuestra que 'ha habido precipitación del Ayuntamiento, que se ha saltado las recomendaciones del ministerio'. 'Siempre les hemos pedido que esperen y ahora se encuentran con este problema'. Carriegas calificó de 'irresponsable' al equipo de gobierno municipal por crear expectativas entre las empresas interesadas en invertir en la vega.

El proyecto de Barakaldo ha estado envuelto en la polémica desde el principio. La oposición de los ecologistas les llevó a crear una plataforma en defensa de la vega, denominada Ezpitsua, con la que han realizado diversas protestas.

Estos actos les llevaron en mayo pasado a plantarse delante de las excavadoras que acometían los primeros trabajos de movimientos de tierras, lo que motivó la intervención de la Ertzaintza y la detención de los participantes en la protesta. Por ello, están pendientes de un juicio por el que la promotora de Megapark, Arcona Ibérica, -una sociedad en la que figuran directivos de Ikea- pide 408.000 euros (68 millones de pesetas) de indemnización a una treintena de ecologistas.