La Audiencia Nacional investigará si Gil se apropió de 30 millones de euros

La Audiencia Nacional instruirá un nuevo caso contra el alcalde de Marbella, Jesús Gil, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de defraudar 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas) al Ayuntamiento entre 1991 y 1995. La investigación lleva casi un año parada, porque tanto la Audiencia como un juzgado de Marbella se declararon incompetentes. El Tribunal Supremo zanja ahora ese conflicto de competencias.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Gil, dos de sus colaboradores y otras tres personas, de malversación de caudales públicos y falsedad documental, por haber creado una red de empresas ficticias que emitía facturas falsas contra tres sociedades municipales. Según la tesis del fiscal, Javier Sánchez Junco, más de 700 millones de pesetas del dinero desviado habrían ido a cuentas particulares de Jesús Gil.

El entonces gerente de la sociedad municipal Contratas 2000, José Luis Jiménez, habría ingresado en cuentas propias unos 2.000 millones. El resto, hasta superar los 5.000, serían cantidades de entre 15 y 50 millones. En la acusación figura que las cuatro empresas que emitían las facturas las compró en 1993 el gerente de Urbanismo de Marbella, José Luis Roca, a nombre de su madre anciana.

Para completar la documentación de esta denuncia, el juez de guardia de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco ordenó, en la noche del 8 al 9 de febrero de 2001, un registro por sorpresa de las sociedades municipales y del Club Financiero Inmobiliario, domicilio y oficina particular del alcalde. Gil reconoció entonces que en los primeros años de su mandato en Marbella, que se inició en 1991, realizó operaciones ilegales. 'El dinero tenía que ir a alguna cuenta para que no lo embargasen, pero sería imposible pensar que salía del Ayuntamiento a nombre de un particular para que éste se lo gastase'.

Inhibición

Por reparto, el caso correspondió al Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular, Juan del Olmo, se declaró el 14 de febrero 'incompetente' y decidió enviarlo a Marbella. La Fiscalía recurrió esta decisión, que coincidía con la tesis de la defensa de Gil. Pero el recurso fue desestimado por la Sala Penal de la Audiencia el 24 de abril. La investigación ha estado en vía muerta durante casi un año, porque la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, María Luisa de la Hera, tampoco se hizo cargo de las diligencias. El 13 de junio rechazó la inhibición de la Audiencia, lo que automáticamente planteó el conflicto de competencias que resolvió ayer el Supremo.

El auto de ese alto tribunal establece que los hechos denunciados tienen 'perfecto encaje' en el término 'defraudación' exigido para determinar la competencia de la Audiencia Nacional, informa Europa Press. Esta presunta defraudación afecta al tráfico mercantil y a la economía pública y se habría realizado en Madrid y Málaga.

La resolución del Supremo, de la que ha sido ponente Perfecto Andrés Ibáñez, destaca que la investigación desborda el territorio de los juzgados de Marbella y además 'tendrá una notable complejidad, dado el alto número de entidades implicadas y el previsible volumen de operaciones', lo que aconseja que se ocupe un órgano especializado.