Rechazada una demanda del PP contra Caja de Jaén por el cambio de estatutos

La batalla política en torno a las cajas parece haber llegado a su fin con la renovación de cargos culminada en todas las entidades, salvo Cajasur, pendiente de un recurso del Gobierno ante el Constitucional contra la ley andaluza. El frente judicial es, pues, el único abierto aún, pero las resoluciones de los tribunales han avalado hasta ahora la actuación de la Junta, como refleja la última sentencia sobre el asunto: un juzgado acaba de rechazar una demanda del PP contra el Consejo de Administración de Caja de Jaén por haber solicitado a la Consejería de Economía que adaptara sus estatutos a la ley.

La aplicación de la Ley andaluza de Cajas provocó en junio de 2000 una situación insólita: además del recurso del Gobierno central ante el Constitucional para defender los privilegios de la Iglesia católica en Cajasur, las asambleas del resto de las cajas, salvo Unicaja, rechazaron adaptar sus estatutos a la nueva ley. La General de Granada, en una segunda votación en otoño de ese año, rectificó y acató el mandato legal. Pero las asambleas de Caja San Fernando, El Monte y Caja de Jaén insistieron en su postura, ya que la oposición del PP y, en el caso de las cajas sevillanas, de sus ya ex presidentes (Juan Manuel López Benjumea e Isidoro Beneroso), impidió la adaptación a la ley.

A diferencia de las cajas sevillanas, en las que sus Consejos de Administración prolongaron la situación de alegalidad e impidieron así el inicio de las elecciones que marcaba la ley -el proceso electoral se reanudó en junio de 2001 tras el fracaso de la fusión que impulsaban Beneroso y Benju-mea-, en Caja de Jaén el Consejo reclamó el 5 de octubre la intervención de la Consejería de Economía ante el bloqueo de la situación. Una petición a la que la Consejería respondió con la adaptación automática de los estatutos de la entidad a las nuevas disposiciones legales, lo que permitió a Caja de Jaén comenzar las elecciones, que culminaron el pasado verano con la designación del socialista José Antonio Arcos como nuevo presidente.

Quinto revés judicial

La decisión del Consejo de Administración de Caja de Jaén, fue inmediatamente recurrida por el PP, que trató de llevar su oposición a la aplicación de la nueva ley hasta los tribunales, una estrategia fallida, a tenor de las cinco resoluciones judiciales conocidas hasta ahora. En el caso de la entidad dirigida por Arcos, el consejero del PP, Antonio Lucas Mohedano (ahora vicepresidente de la caja tras un pacto con el PSOE) presentó un recurso ante el TSJA por la aplicación de los nuevos estatutos y una demanda contra el Consejo de Administración por haber 'vulnerado la voluntad de la asamblea', al haber pedido la intervención de Economía. El TSJA aún no se ha pronunciado, aunque ya denegó suspender la aplicación de los estatutos. Y el Juzgado número 6 de Jaén, en una sentencia del 22 de diciembre, acaba de desestimar la demanda, obligando al PP a hacerse cargo de las costas.

La juez concluye que el Consejo de Administración actuó en 'interés de la caja' y en cumplimiento de sus competencias, al pedir a Economía que actuase en virtud de sus 'funciones de tutela financiera' para 'evitar la situación de ilegalidad en que se encontraba la caja ante el incumplimiento del mandato legal'. La sentencia no entra a valorar la legalidad de la actuación de la Consejería, al realizar la adaptación de los estatutos.

Además de las dos resoluciones contrarias en Caja de Jaén, el PP también vio frustrado su intento de parar en los tribunales el proceso electoral en La General (otras dos resoluciones) y en El Monte (a través de un impositor). Otros dos informes del Consejo Consultivo también avalaron la postura de la Junta sobre la adaptación estatutaria y el proceso de renovación de cargos.