Acoso político-sexual
A DIFERENCIA de la irreversible tendencia al encogimiento sufrido por la piel de zapa en la novela de Balzac, el derecho penal equilibra los recortes del ámbito sancionador dictados por el principio de intervención mínima con una paralela ampliación de su territorio para responder a nuevas demandas sociales. Ese doble impulso histórico de expansión y de retracción resulta visible en el tratamiento dado a la condición femenina. Sin necesidad de remontarse a la época no demasiado lejana en la que el adulterio estaba castigado penalmente y el asesinato de la esposa infiel por el marido engañado gozaba de atenuantes, la despenalización de los anticonceptivos y del aborto son ejemplos recientes del reflujo de la marea criminalizadora. A la inversa, los malos tratos en el ámbito familiar y el delito del acoso sexual han expandido la cobertura de protección femenina.
El Tribunal Superior de Castilla y León cierra el sumario y eleva a juicio oral la querella de una ex concejal del Ayuntamiento de Ponferrada contra su alcalde por acoso sexual, coacciones y lesiones
Con lenguaje decimonónico, el artículo 184 del Código Penal castiga al que 'solicitare favores de naturaleza sexual' a su víctima prevaliéndose de una 'situación de superioridad laboral, docente o análoga' y con la amenaza de perjudicar sus legítimas expectativas. La querella interpuesta hace menos de un año contra Ismael Álvarez, alcalde de Ponferrada, por Nevenka Fernández, concejal de hacienda y comercio del gobierno municipal hasta su dimisión, muestra que las jerarquizadas relaciones de la vida política constituyen un ámbito propicio para esas extorsionadoras prácticas. Cerrado ya el sumario, Ismael Álvarez, también procurador del PP en las Cortes regionales, comparecerá ante el Tribunal Superior de Castilla y León inculpado de acoso sexual, coacciones y lesiones.
Según narra la querella, la historia es una sórdida variante política de las amenazas, extorsiones y represalias sufridas habitualmente por las empleadas que se resisten a acostarse con sus jefes. Nevenka Fernández, situada en el tercer puesto en las listas del PP en las elecciones municipales de 1999, fue designada concejal de hacienda y comercio del Ayuntamiento de Ponferrada; en octubre de ese mismo año entabló voluntariamente una relación amorosa con el alcalde, dándola por concluida cinco meses después. Ismael Álvarez no se resignó a la ruptura y puso en marcha, según la querellante, una estrategia de acoso tan intensa que le obligó a pedir la baja por depresión. La vista oral permitirá al alcalde ofrecer su versión y respaldarla con pruebas en pie de igualdad con la ex concejal. Como cualquier ciudadano, Ismael Álvarez está amparado por la garantía constitucional de la presunción de inocencia en tanto no sea condenado por sentencia firme.
No sería realista, sin embargo, ignorar que la elevación a juicio oral del sumario implica la existencia de indicios racionales -aunque no de pruebas concluyentes- de la culpabilidad del imputado. ¿Tienen los cargos públicos el deber político de presentar su dimisión cuando son procesados o citados a juicio como imputados? Esa pregunta ha recibido respuestas muy diferentes, todas atendibles siempre que estén animadas por la buena fe. No hace falta invocar a Kant, sin embargo, para exigir que la contestación sea idéntica con independencia de que favorezca o perjudique los intereses del interrogado. Desde ese punto de vista, las inquisitoriales exigencias de responsabilidades políticas dirigidas a los socialistas por los populares desde la oposición son el peor testigo de cargo imaginable contra el alcalde de Ponferrada. Según el secretario general del PP, la doctrina Aznar y el código ético popular no resultarían aplicables a este supuesto, ya que la conducta denunciada por la querellante (un alcalde rijoso que chantajea a una concejal con la amenza de expulsarla del Ayuntamiento si no accede a sus salaces requerimientos) sería 'un asunto de naturaleza privada' sin relación alguna 'con decisiones de carácter público'; pocas horas más tarde, en un alarde de incongruencia, Arenas aceptaba alborozado la carta del alcalde pidiendo la suspensión temporal de su militancia en el PP.
