Los Verdes pide a la Junta que regule las antenas de telefonía en seis meses

Los Verdes, socios de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, quieren que se ponga freno al 'caos' que caracteriza las instalaciones que generan campos electromagnéticos y radioeléctricos en la Comunidad Autónoma. El portavoz de Los Verdes, Francisco Garrido, indicó ayer que sólo 11 ayuntamientos han elaborado normas para regular la colocación y anunció una proposición no de ley para que el Gobierno andaluz elabore en seis meses una normativa de ordenación y seguridad y realice estudios epidemiológicos sobre la incidencia en la salud humana de estos campos.

Los Verdes planteará en el próximo comité de enlace con el PSOE la presentación en el Parlamento andaluz de una proposición no de ley, que incluye dos iniciativas concretas. Por un lado, pretenden que la Consejería de Medio Ambiente elabore en un plazo de seis meses una normativa de ordenación, control y seguridad sobre exposición a campos eléctrico, magnético, electromagnéticos y radioléctricos en Andalucía. Sólo 11 ayuntamientos disponen de normas municipales sobre cables de alta tensión o telefonía móvil.

El portavoz de Los Verdes, Francisco Garrido, criticó ayer una circular del pasado mes de mayo de la Consejería de Medio Ambiente mediante la que recomendaba remitir a la Administración central todas las denuncias relativas a la instalación da antenas de telefonía móvil. 'No es de recibo que le pase la pelota a otra administración', indicó. La petición del grupo político se sustenta, entre otras, en la Ley de Protección Ambiental de Andalucía que otorga la competencia a la Junta para controlar estas instalaciones y en el reglamento sobre calidad del aire.

A pesar de ello, la colocación de antenas de telefonía móvil, que han disparado la alarma social tras el caso del colegio de Valladolid, en cuyas cercanías se habían instalado más de una treintena, ha proliferado en Andalucía de modo 'descontrolado' y 'caótico' por la carencia de una normativa, en opinión de Los Verdes.

Garrido indicó ayer que la normativa debería tener 'capacidad para intervenir y anular aquellas concesiones que puedan considerarse nocivas'. La segunda iniciativa del Gobierno andaluz que el grupo pretende impulsar a través de la proposición no de ley es la elaboración de estudios epidemiológicos por parte de la Consejería de Salud para estudiar la incidencia en la salud humana de los campos electromagnéticos y radioeléctricos.

La inexistencia de información oficial sobre el impacto real de estas instalaciones sobre la salud humana dificulta la adopción de medidas, aunque Francisco Garrido recalcó que 'por el principio de precaución' deberían adoptarse actuaciones preventivas.

La propuesta de Los Verdes, que ya figuraba en el acuerdo político que suscribieron con el PSOE, no afecta, según Garrido, a la distribución de la energía. 'Ahora las compañías disminuyen costes a cambio de aumentar los riesgos sobre la salud', dijo.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, recordó ayer que hace meses recomendó 'expresamente' a la Consejería de Medio Ambiente que desarrollase un marco normativo sobre la autorización para instalar antenas de telefonía móvil ante el 'vacío legal' existente, así como su traslado fuera de las poblaciones debido a los 'dudosos efectos sobre la salud', informa Europa Press.

El portavoz de Los Verdes se refirió también a la negociación abierta con la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para modificar las directrices del plan energético andaluz que, a su juicio, debe defender el aumento de la producción de las energías renovables y el incremento del ahorro energético. Garrido aseguró que el primer borrador de la Junta de Andalucía era 'un adefesio' y que ni siquiera recogía 'la palabra Kyoto'.

El grupo estudia el nuevo borrador del plan, que les remitió Empleo esta semana. Entre las peticiones de Los Verdes figura la reducción de los proyectos de centrales de ciclo combinado en Andalucía.