Bruselas evaluará si el dragado del Guadalquivir incumple leyes comunitarias

La Comisión Europea ha informado a la federación de arroceros y a la asociación agraria Asaja que ha registrado sus respectivas quejas sobre el proyecto de dragado del Guadalquivir que impulsa el Puerto de Sevilla para comprobar si hay algún 'incumplimiento del derecho comunitario'. Con este paso, que ambas organizaciones dieron a conocer ayer, Bruselas inicia el trámite para comprobar el impacto ambiental de esta obra, que la Autoridad Portuaria planea completar con la construcción de una nueva esclusa.

Los representantes de la federación de arroceros de Sevilla, de la federación de regantes del Guadalquivir y de Asaja aseguraron en conferencia de prensa que apuestan por la modernización del Puerto de Sevilla, por el que se exporta un 60% de las 350.000 toneladas que se cosechan en el arrozal sevillano. Pero todas estas organizaciones, al igual que los ecologistas, el Patronato de Doñana y los científicos rechazan el proyecto de la Autoridad Portuaria por su impacto económico y ambiental.

La Autoridad Portuaria proyecta realizar un dragado del Guadalquivir para aumentar el calado del canal de navegación de 6,5 a 8 metros y construir una nueva esclusa, a unos dos kilómetros de la actual, que facilite el acceso de buques de 35 metros de manga (anchura).

Con este proyecto, que ha sido apoyado por la patronal sevillana y el Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria prevé triplicar el volumen de mercancías en 2020 hasta llegar a los 12 millones de toneladas anuales gracias al acceso de buques más grandes. El dragado y la nueva esclusa costarán unos 102 millones de euros (17.000 millones de pesetas) para lo que se requerirá financiación comunitaria.

Los principales problemas pueden venir de la misma UE, que vigila muy de cerca los efectos medioambientales de las grandes infraestructuras. El incremento de salinidad que acarreará el dragado obligaría a desembalsar 30 hectómetros cúbicos de agua dulce para evitar daños al cultivo, en una cuenca que tiene ya un déficit de 700 hectómetros cúbicos al año.

El ingeniero y ex alcalde de Sevilla, José Ramón Pérez de Lama, quien defendió que la modernización del puerto pasa por sacarlo del casco urbano y trasladarlo diez kilómetros al sur del Guadalquivir, explicó las medidas que plantean los regantes para evitar el dragado y hacer posible el acceso de grandes buques: obras de fortalecimiento en los 70 kilómetros de los márgenes del río para evitar la colmatación del canal y suavizar las curvas de su trazado para facilitar las maniobras de los barcos.