Unas 4.000 personas se interesaron en 2001 por los pisos baratos que subastan los jueces
Justicia afirma que los efectos de las medidas 'antisubasteros' se notarán 'a medio plazo'
La Oficina Regional de Subastas, instalada en los juzgados de la plaza de Castilla, atendió en 2001 cerca de 4.000 consultas de ciudadanos interesados en adquirir alguno de los cientos de pisos baratos que se subastan en los juzgados. Esta oficina nació en 1995, auspiciada por la ex juez decana Manuela Carmena, como instrumento de información para los madrileños sin recursos interesados en pujar por un piso barato, y también para acabar con el monopolio que mantiene la mafia de los llamados subasteros (que se ponen de acuerdo para repartirse los inmuebles). Pese a la labor de esta oficina y a los cambios legales introducidos en las subastas, combatir a los subasteros sigue siendo tarea difícil.
Tras seis años de funcionamiento, la consejera de Justicia, Paz González, está satisfecha con la labor desarrollada desde esta oficina. González ignora el número de personas al margen de los subasteros que han logrado adjudicarse una casa tras recibir ayuda de la oficina. 'Las ventajas hay que medirlas a medio plazo', razona. Fuentes de los juzgados de la plaza de Castilla aplauden la creación de esta oficina, si bien indican que los subasteros siguen campando a sus anchas por los juzgados y acaparando los pisos. 'Aún no se han dejado notar los efectos de la nueva Ley de Enjuicimiento Civil, que introdujo novedades para limitar los movimientos de los subasteros', destacan otras fuentes.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que acaba de cumplir su primer año de vigencia (se aplica desde el 8 de enero de 2001), ha complicado algo las cosas a los subasteros, pero aún hay lagunas legales de las que estos clanes se aprovechan.
Desde que se creó, en febrero de 1995, la Oficina Regional de Subastas, por la que anualmente pasan o piden consulta a través de su página web (www.comadrid.es) unas 4.000 personas, se han efectuado en Madrid 7.580 subastas de pisos, según un informe de la la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid. El 40% de las 7.580 pujas realizadas en Madrid desde 1995 se han celebrado en la capital; y el 60% restante, en los juzgados de la región, según el citado informe.
En esta oficina, gestionada también por el Colegio de Abogados de Madrid y el decanato de los juzgados, trabajan dos letrados que se encargan de informar a los ciudadanos de los pisos que van a salir a subasta, su ubicación, características de los mismos y si pesa sobre éstos algún tipo de carga; es decir, si tienen inquilinos dentro, si existe algún otro crédito impagado sobre ellos, etcétera.
Nefasta influencia
'La oficina funciona como un servicio público que intenta evitar la nefasta influencia monopolizadora que ha tenido en las subastas judiciales un determinado colectivo', explica la consejera de Justicia de la Comunidad, Paz González. Ésta destaca que también es labor de los letrados de esta oficina informar, además, a los interesados de los pasos legales que hay que adoptar para poder pujar en una subasta.
Los subasteros son el grupo de personas que suelen acaparar los pisos baratos que sacan a subasta los jueces. ¿Cómo actúan? Con anterioridad a la subasta, que se hace ante el juez, el clan se reúne en un bar cerca de los juzgados y realiza sus propias subastillas. Es decir, saben qué bienes van a salir a subasta y se los reparten entre ellos. Luego, ya ante el juez, cada uno conoce los inmuebles por los que debe pujar. Muchos subasteros se han hecho multimillonarios con estas prácticas y hoy en día son dueños de potentes inmobiliarias. Se adjudican los pisos por precios muy baratos y luego los venden a terceros a precios de mercado.
Algunos de los subasteros que siguen merodeando en la actualidad por los juzgados son los mismos que fueron juzgados y condenados hace seis años por la Audiencia de Madrid por maquinación para alterar el precio de las cosas. En aquel juicio se sentaron en el banquillo 43 acusados, parte de los cuales eran funcionarios judiciales.
El objetivo prioritario de esta oficina, que lleva ya seis años funcionando, es dar la máxima publicidad a los pisos que van a salir a subastas y favorecer la participación de personas ajenas al clan de los subasteros y necesitadas de pisos baratos. En la región, cada año se subastan unos 1.000 inmuebles, cuyos dueños no pueden afrontar la hipoteca y terminan perdiendo su vivienda en una subasta.
Novedades en las pujas
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, vigente desde enero del año pasado, introdujo una serie de obstáculos que acotan la posibilidad de que los inmuebles embargados terminen siempre en manos de los subasteros, como venía ocurriendo desde hacía décadas. La nueva norma otorga facilidades a las personas que en un momento dado vislumbran el embargo porque no pueden pagar sus hipotecas. La nueva ley permite, por ejemplo, que el acreedor (el banco) y el deudor pacten el precio del piso, evitando ambos la subasta. En ese caso, el papel del juez se limita a validar ese pacto. Antes de entrar en vigor la nueva ley civil, bastaba que el dueño de un piso dejase de pagar dos o tres mensualidades de la hipoteca para que el banco le obligase a abonar todo el crédito de golpe. Y, si no lo hacía, el juez instaba el embargo de la vivienda. Ahora es distinto: si el moroso abona de una vez los recibos impagados, el juez está facultado para obligar al banco a rehabilitarle el crédito. Este mecanismo, el pago de los recibos impagados, lo puede ejercitar el moroso una vez, no más. Otro de los mecanismos que establece la nueva ley, y que puede ayudar a familias humildes a conseguir un piso en una subasta, es la llamada prehipoteca. Con la antigua ley, las personas humildes tenían pocas posibilidades de hacerse con un piso, ya que debían consignar en el banco un 20% del precio de salida del piso y, si se lo adjudicaban, disponían de sólo ocho días para depositar el resto del dinero. Ello obligaba a estas familias a tener en mano todo el dinero y no les permitía pedir un crédito hipotecario, porque el piso no era propio mientras no se pagase todo su precio. La nueva ley permite prehipotecar la casa adjudicada y ofrecerla al banco como garantía de una hipoteca. Por otro lado, ya no hay que consignar el 20%, sino el 30% del precio de salida del inmueble en la subasta. Y el resto del dinero, según fuentes jurídicas, se puede pagar a plazos. Eso sí, el juez debe autorizarlo atendiendo a las circunstancias personales del adjudicatario del inmueble. Otra de las innovaciones de la ley es que sólo hay una subasta (antes eran tres) y que, para evitar que se malvenda un bien, queda prohibido enajenarlo por un precio inferior al 50% de su tasación. Si no se supera el 50%, se ofrece el bien al acreedor.
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