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Editorial:

Lista terrorista

La elaboración de una lista consensuada de organizaciones terroristas por parte de los Quince supone un paso importante para convertir a la UE en un espacio común de justicia y de seguridad. ETA y los GRAPO, junto con otros grupos radicados en suelo europeo o que tienen ramificaciones en dicho espacio, forman parte de esta lista, hecha pública ayer por la Comisión Europea. El Gobierno español, que había puesto mucho empeño en este objetivo, puede sentirse satisfecho. Quizá por ello el ministro del Interior se apresuró a dar la noticia, adelantándose al comunicado oficial de Bruselas, que mostró su irritación por este adelanto. La decisión no habría llegado tan pronto sin la presión ejercida por EE UU tras los atentados del 11 de septiembre.

Tan importante como poner a ETA en el punto de mira europeo es para España la inclusión en esa lista de las organizaciones de apariencia legal que se mueven en su entorno: KAS, Xaki, Jarrai-Haika-Segi y Gestoras pro Amnistía. No se trata de una ilegalización, algo que sólo la justicia podría hacer tras el correspondiente proceso a sus dirigentes. Pero esa lista expresa la voluntad política de la UE de hacer frente al terror poniendo bajo sospecha policial y administrativa a las organizaciones que lo sirven, algo que ha sido posible por la definición común sobre terrorismo alcanzada recientemente por los Quince, que no sólo incluye los actos en sí, sino las actuaciones vinculadas a 'actividades terroristas'. Tampoco han sido ajenas a esa decisión las investigaciones judiciales seguidas en España sobre las actividades de esos grupos, que aportan, de momento, indicios fundados sobre su integración en la misma estructura de la que forma parte ETA. En todo caso, esas investigaciones han servido para que la Comisión apruebe una segunda lista de personas implicadas en procedimientos judiciales relacionados con el terrorismo.

Batasuna, marca electoral de HB, queda excluida de la lista de grupos terroristas, pero algunos de sus miembros figuran en la de personas investigadas judicialmente por actividades relacionadas con el terrorismo. La exclusión de Batasuna no se debe, como ha señalado Rajoy, a que previamente tendría que haber sido declarada ilegal por juez, sino a que se trata de una formación política, representativa de un determinado sector de opinión y con representantes en las instituciones. Sin esa función, básica en una democracia, es probable que Batasuna hubiera corrido la misma suerte que el resto de organizaciones afines a ETA.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de diciembre de 2001