Un paso contra la impunidad de los crímenes de la represión

El nombramiento de Alberto Zuppi al frente del área de Justicia y Asuntos Legislativos, ahora reconvertida en secretaría, fue una de las mayores sorpresas del nuevo Gabinete. Zuppi, penalista de prestigio, hizo honor a su reputación de firme defensor de la justicia internacional al derogar el lunes el decreto sobre Cooperación Internacional en Materia Penal, firmado por el ex presidente De la Rúa el pasado 17 de diciembre, que establecía el rechazo de todas las peticiones de extradición por delitos cometidos durante la última dictadura. Víctor Abramovic, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), calificó de 'sumamente positivo' el paso dado por el nuevo secretario de Justicia.

El nuevo Gobierno anuncia el fin de la doctrina que imperó en la etapa de Carlos Menem y Fernando de la Rúa y que rechazaba de antemano todas las peticiones de extradición de represores presentadas por tribunales extranjeros. El decreto que acaba de ser derogado fue aprobado por el anterior Gobierno para evitar las detenciones preventivas y sistematizar la práctica habitual del Ejecutivo de De la Rúa desde su llegada al poder: negar toda colaboración a las reclamaciones de extradición internacionales y, en algunos casos, remitir el expediente a la justicia argentina para que fuera investigado.

Peticiones extranjeras

Las últimas peticiones extranjeras chocaron con el mismo obstáculo. Italia reclamó la extradición del capitán de navío Alfredo Astiz por la desaparición en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) del matrimonio de origen italiano Giovanni Pegoraro y Angela Aietta. La juez María Servini de Cubría ordenó la detención del antiguo oficial a la espera de la llegada de la documentación sobre extradición, que fue rechazada por el Gobierno. Astiz fue puesto en libertad.

El ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena firmó el 16 de noviembre otra petición de extradición presentada por el juez Baltasar Garzón contra 18 militares y civiles acusados de graves violaciones de derechos humanos. A cambio remitió los casos al procurador general que los ha puesto en manos del fiscal para su investigación.

Idénticas consecuencias tuvo la petición de extradición presentada por el Gobierno alemán contra el general Guillermo Suárez Mason para juzgarlo por el homicidio de Elisabeth Kasemann durante la dictadura. El abogado del Gobierno alemán se presentó ante la justicia argentina para pedir la inconstitucionalidad de los indultos a militares, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y del decreto de Cooperación Internacional en Materia Penal. Aquél abogado era Alberto Zuppi.