El Gobierno reconoce una deuda con la Junta de al menos 9.000 millones

El Gobierno de José María Aznar ha reconocido una deuda con la Junta de Andalucía de al menos 9.000 millones de pesetas. En estos momentos, la Administración central adeuda a la Junta 78.747 millones por diversos conceptos. Mientras, el Ejecutivo que preside Manuel Chaves tiene pendiente de pago a la Administración central 69.795 millones, lo que da un saldo positivo para Andalucía de 8.951 millones de pesetas. En un acuerdo suscrito el pasado 19 de diciembre, el Gobierno central se compromete a pagar estos compromisos cuanto antes. Se trata de la deuda de la que hay constancia, aunque la Junta estima que la cifra es mayor.

El 19 de diciembre, la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, se reunió con la secretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez, para cerrar un acuerdo de compensación entre ambas administraciones. Los casi 70.000 millones que la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud tiene pendiente de pago se refieren exclusivamente a retenciones por rendimientos del trabajo (IRPF). Por contra, la deuda del Gobierno con la Junta corresponde a varias partidas, aunque el grueso se centra en el Fondo de Compensación Interterritorial (61.883 millones de pesetas).

Además, el acuerdo detalla que el Gobierno debe casi 1.000 millones de pesetas como anticipo de los fondos europeos del Marco de Apoyo Comunitario 2000-2006 y que ocho ministerios tienen pagos pendientes con la Administración autonómica.

El acuerdo establece que las obligaciones de pago se extinguirán mediante las compensaciones de las cantidades adeudadas. El Gobierno se comprometió a poner en marcha 'de forma inmediata' estas compensaciones, así como el pago de los 9.000 millones que adeuda a la Junta, que se hará en efectivo.

No obstante, la Administración autonómica considera que hay otras deudas pendientes que no están recogidas en el acuerdo. De hecho, el punto cuarto del documento de compensación suscrito por Magdalena Álvarez y Elvira Rodríguez establece que este pacto 'no supone la inexistencia de otras cantidades u obligaciones pendientes de pago ni, en su caso, la renuncia a su exigencia, aunque estas cantidades u obligaciones no sean objeto del presente acuerdo'.

El Ejecutivo autonómico subraya la importancia del acuerdo, pero destaca que hay otras deudas que no se han consignado porque, de momento, la Administración central no las tiene documentada. En este sentido, fuentes de Economía apuntan que hay cantidades de los fondos europeos que aún no han sido satisfechas y que se han dejado al margen partidas de la Tesorería General de la Seguridad Social. 'El acuerdo no significa un borrón y cuenta nueva. Se trata de un cierre parcial', añaden estas fuentes.

Reivindicación

La principal reivindicación económica de la Junta al Gobierno central tiene su base en el anterior sistema de financiación, que fue recurrido por el Ejecutivo de Chaves, que estimó que la merma económica que causó a la comunidad en sus cinco años de aplicación asciende a 770.000 millones de pesetas. No obstante, esta cuestión se está dirimiendo en el Tribunal Constitucional, que será el que tenga la última palabra.

En 1998, Junta y Gobierno mantuvieron una agria polémica a cuenta de las deudas entre ambas administraciones. El entonces ministro de Trabajo y presidente del PP andaluz, Javier Arenas, acusó a la Junta ser 'morosa' por la deuda que tenía con la Seguridad Social, que elevaba a más de 25.000 millones de pesetas (más de 21.500 millones por recargos). Esta polémica se saldó con un acuerdo por el que, tras hacer cuentas, el Gobierno tuvo que pagar a la Junta 4.000 millones de pesetas. Ambas administraciones acordaron que fuese el Tribunal Supremo el que resolviese si la Junta tenía que pagar los 21.000 millones de recargos.