Ladrillos andaluces para el futuro de África

A veces -nunca demasiadas-, se ayuda a otras personas sin que uno se dé cuenta. Tachar una casilla de un formulario sobre impuestos o abonar una tasa en la ventanilla del banco son obligaciones ciudadanas, pero también suponen una pequeña ayuda, un empujón, en el camino hacia una vida digna de miles de personas. Al ciudadano y contribuyente casi nunca se le explican los porcentajes en los presupuestos municipales, provinciales o autonómicos destinados a solidaridad más allá de ese nivel abstracto, numérico, negociado, que tienen las decisiones y actuaciones administrativas.

Así, pocos andaluces saben que han ayudado a mejorar la vida de decenas de miles de personas en el África tropical. Que han dado mesas de parturienta o libros y ladrillos para una escuela en los campos de refugiados del norte de Uganda. Precisamente, para dar el paso del abstracto porcentaje de los presupuestos a sus efectos palpables y humanos, una delegación de la organización España con ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) se desplazó a principios del mes de diciembre hasta el norte de Uganda, a los campos de Imvepi y Rhino Camp. El presidente de la asociación, Joaquín García Quirós, y la coordinadora de la misma en Andalucía, Esperanza Belmonte, vieron como el dinero intangible, los fondos arañados de los despachos, y que posteriormente enviaron a las cuentas de ACNUR en Ginebra, se habían convertido en vida. En trozos de escuela y centros sanitarios para los cerca de 40.000 refugiados y los propios habitantes ugandeses que residen en aquella sabana.

La ayuda humanitaria siempre da beneficios que exceden el objetivo fijado originalmente

Y es que los alrededor de ochenta millones donados por las instituciones andaluzas han dado para mucho.

ACNUR es uno de los más reputados organismos dentro del seno de la ONU. Su misión, desde que se creó en 1951 como consecuencia de las crisis de refugiados desatadas en Europa, es la de proporcionar protección a largo plazo para las personas que no pueden más que abandonar su país, su ciudad, sus casas, su vida. Sin embargo, no se le permite recaudar fondos, algo que necesita cada vez más ante un presupuesto que mengua inmisericordiosamente cada año. Así, se crearon en varios países asociaciones hermanas, como fue el caso de España con ACNUR, en 1993, cuya primera oficina estaba -según asegura entre risas un funcionario peruano que trabajó en Madrid y ahora está destinado en Uganda-, en la 'trastienda' de la sede madrileña del organismo de Naciones Unidas.

Estas asociaciones están encargadas de mantener viva en sus respectivas sociedades la realidad de los campos de refugiados y, sobre todo, de buscar el dinero que logre que los planes diseñados por ACNUR se hagan realidad.

Para captar esos fondos públicos, hay que partirse la cara con asociaciones que piden dinero para causas, cuando menos, igual de legítimas, y con los formularios y límites impuestos por las distintas instituciones. Belmonte se las arregló el año pasado para que la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Jaén, Sevilla, El Viso del Alcor, San Fernando, Cádiz o las diputaciones de Huelva y Málaga pusieran -por supuesto, unos más y otros menos- dinero para la construcción de aulas, el cerramiento y enyesado de ventanas de escuelas, la construcción de letrinas, ayudas al desplazamiento de enfermos, equipamiento de salas de parto, compras de material, etcétera en los campos de Imvepi y Rhino Park. Los presupuestos globales de las obras acometidas son de cientos de millones de pesetas, pero los cerca de 80 llegados de Andalucía han sabido a gloria.

Las sonrisas afloraron, rompieron las caras de la coordinadora en Andalucía y de García Quirós cuando vieron de ladrillo y mortero lo que tanto habían defendido en papeles sobre mesas de despacho. Pero la transcendencia de las ayudas de los andaluces van más allá. Un empujón en un lado del problema suele repercutir casi siempre en otros logros igual de importantes que los elegidos originalmente.

Los dos citados campos albergan a decenas de miles de refugiados del sur del vecino Sudán.

Rhino Camp tiene una extensión de 225 kilómetros cuadrados y en ese terreno viven cerca de 26.000 refugiados y casi otros tantos ugandeses (atraídos a la zona por la mejora de los servicios). En Imvepi, la extensión de terreno cedida por el pueblo ugandés es de 120 kilómetros cuadrados, con más de 12.500 sudaneses y varios miles de nacionales.

El diseño del desarrollo de estos campos proviene de ACNUR, pero lo ejecuta con implacable meticulosidad el servicio de cooperación exterior de Alemania (DED, según las siglas en alemán). También colaboran otros organismos, como la Oficina del Primer Ministro de Uganda (seguridad), los Servicios de Salud del Distrito de Arúa (que absorbieron recientemente el control de los sanatorios de Imvepi), el Servicio de Refugiados de los Jesuítas (Educación para la Paz y docencia en general) y la TPO (que se ocupa de los que sufren problemas de índole psicológica o psiquiátrica).

Entre unos y otros logran que al objetivo principal de garantizar la supervivencia de estas decenas de miles de personas se le unan otros conceptos, verdaderas semillas para el futuro, tanto de Uganda como de Sudán. Así, los refugiados de ambos campos se organizan en consejos elegidos democráticamente. Estos organismos articulan los campos y vehiculan las propuestas y quejas de unos y otros. Pero también sirven para que las comunidades evolucionen.

Es obligatorio que al menos el 30% de sus representantes sean mujeres. Ël reparto mensual de alimentos está también en manos femeninas; se comprobó que algunos de los hombres trapicheaban con los alimentos antes de llevarlos a casa. La mujer es la piedra angular de la supervivencia de estas familias en las que, en ocasiones, el varón aparece anclado en viejos y ya desbordados y desaparecidos roles de guerrero o protector. El dinero de los andaluces y su impulso a la educación también contribuye a que esto cambie.

Sin embargo, aún queda muchísimo camino por recorrer. La mayoría de los casos que investigan los agentes de la Oficina del Primer Ministro están relacionados con violaciones o con abusos (desde el punto de vista occidental) sobre los derechos de las mujeres, con matrimonios forzados y posteriores embarazos de chicas que, según los valores que busca Naciones Unidas, debían disfrutar aún de la adolescencia y, sobre todo, de la educación.

Belmonte desde Andalucía y muchos más en otros lados seguirán arañando dinero de los presupuestos solidarios. Luchando contra las modas (quién se acuerda de Uganda, cuando hay tantas y tantas zonas del mundo necesitadas de ayuda) y contra los jeroglíficos de las administraciones, perseguirán con su trabajo diario que los que se acercan a una ventanilla o rellenan un impreso de Hacienda sepan que también han ayudado a alguien. Como antes otros ayudaron a españoles y andaluces.