La policía británica detiene a ocho extranjeros acusados de terrorismo

El ministro del Interior británico, David Blunkett, confirmó ayer la detención de ocho extranjeros en aplicación de la polémica ley de emergencia antiterrorista, aprobada el pasado viernes por el Parlamento de Westminster. Las detenciones se produjeron a primera hora de la mañana en una serie de redadas en Londres, Birmingham y Luton. Anoche se desconocía la identidad u origen de los ocho detenidos bajo sospecha de colaboración o pertenencia a la red Al Qaeda de Bin Laden u otras organizaciones terroristas.

Los primeros datos sin confirmación oficial apuntaban al norte de África y Oriente Medio como regiones de origen de los detenidos. Todos ellos están retenidos en centros de alta seguridad. 'Tras una cuidadosa y detallada consideración, el Servicio de Inmigración ha detenido a ocho nacionales extranjeros que yo sospecho que son terroristas internacionales', informó Blunkett a la Cámara de los Comunes en un comunicado escrito.

La controvertida legislación permite la detención prolongada, sin someterse a los trámites legales habituales, de los extranjeros sospechosos de terrorismo. La medida, que fue abiertamente cuestionada en el Parlamento británico y aprobada tras varias derrotas del Gobierno en la Cámara de los Lores, se aplica cuando la fiscalía no dispone de pruebas suficientes para ordenar el procesamiento de un sospechoso. También es aplicable contra individuos cuyos países de origen no se consideran seguros para proceder con la deportación.

Su entrada en vigor vino acompañada con la derogación del Artículo 5 de la Convención Europea en Derechos Humanos, que garantiza el derecho de toda persona a recibir un juicio justo. Esto es posible en situaciones de 'guerra u otra emergencia pública'. 'La legislación me otorga el poder de emitir un certificado respecto a alguien que considero un riesgo para la seguridad nacional y sospecho de ser un terrorista internacional', dijo Blunkett.

'Las detenciones son completamente injustas', protestó por su parte John Wadham, director de Liberty, el consejo nacional por las libertades civiles. 'El Gobierno', continuó, 'está violando las tradiciones de este país encerrando a gente sin pruebas convincentes ni acceso a un juicio adecuado'.

Los detenidos han sido internados en las prisiones de alta seguridad de Belmarsh, al sudeste de Londres, y Woodhill, en la ciudad de Milton Keynes (sur del país).

Los ocho extranjeros pueden solicitar libertad condicional e incluso apelar ante un tribunal especial de inmigración. Pero sus abogados no tendrán acceso a información que el Gobierno considere confidencial y los trámites se seguirán en secreto. A los seis meses de su retención en prisión o centros de máxima seguridad, su situación debe ser revisada por el mismo tribunal de apelación del Servicio de Inmigración.

Estas detenciones pueden ser el primer paso en la operación de limpieza de presuntos terroristas emprendida por el Gobierno de Tony Blair en respuesta a los atentados del 11 de setiembre. Los Servicios Secretos han elaborado una lista de sospechosos, que algunas fuentes sitúan en más de una docena. Agentes policiales participaron en las redadas en apoyo de los funcionarios de inmigración.

Las autoridades no querían ofrecer ayer de manera oficial ninguna identidad, pero algunas fuentes citadas por Efe colocaban entre los detenidos al líder religioso musulmán Abu Qatada, a quien la Justicia española quiere interrogar. El pasado noviembre, el juez Baltasar Garzón estuvo a cargo de la llamada Operación Dátil, que permitió la detención en España de 11 presuntos integrantes de Al Qaeda. Garzón cree que Abu Qatada mantiene contactos con el clérigo musulmán residente en Madrid Eddin Barakat, presunto líder en España de Al Qaeda y que podría estar relacionado en la preparación de los atentados del 11 de septiembre en EEUU, según los resultados de la Operación Dátil.