Un diputado navarro es sancionado en su empresa por su dedicación política
Uriz trabaja para una firma papelera desde hace 36 años
La inspección del Ministerio de Trabajo en Navarra ha abierto un expediente a la empresa papelera Onena por presunta infracción grave de la ordenanza laboral tras haber apartado de todas sus funciones profesionales al parlamentario socialista y concejal del Ayuntamiento de Villava José Luis Uriz, a quien además ha sancionado económicamente. Uriz, empleado de la papelera desde hace 36 años, pidió el amparo del Parlamento navarro, que, con el apoyo de todos los grupos, salvo UPN, ha pedido a los servicios jurídicos de la Cámara un informe urgente sobre su situación.
Uriz asegura que la dirección de la papelera, de cuyo comité de empresa también es miembro en representación de CCOO, ha iniciado una 'operación de castigo' contra su actividad política por su trabajo de oposición al Gobierno foral. Además, como sindicalista, Uriz se opuso el pasado junio a la privatización de la compañía, antes propiedad del Ejecutivo regional. Los parlamentarios forales no tienen profesionalizada su actividad y cobran simplemente dietas por su asistencia a plenos y comisiones.
El dirigente socialista asegura que la firma papelera le ha descontado de la nómina de noviembre 160.000 pesetas para compensar las ausencias de su puesto a lo largo de este año por sus tareas institucionales. Agrega que ha sido apartado de todas las funciones que desempeñaba en Onena como responsable de atención al cliente y control de calidad de mercancías y pedidos. Sobre una jornada laboral anual de 1.732 horas, Uriz ha utilizado 234 para su trabajo institucional, un 13,5% del total.
Como concejal, Uriz cobra 35.000 pesetas mensuales. Su trabajo municipal no interfiere en su horario laboral de 8.30 a 17.00. Como parlamentario, sus dietas las cobra directamente el PSN, que le compensa con un 90% de su cuantía, 12.600 pesetas por sesión de trabajo.
El actual gerente de Onena es Carlos Aizpún, hijo del ex presidente y fundador de UPN Jesús Aizpún. Uriz considera justo que la empresa le exija justificantes de sus ausencias laborales, que hasta ahora no le han sido reclamados, pero que espera reunir en breve. Sin embargo, está convencido de que su marginación laboral no es ajena a la 'tensión política' que viven socialistas y regionalistas y, sobre todo, a su trabajo de oposición a UPN en el Parlamento de Pamplona. Como presidente de la comisión especial sobre el mal de las vacas locas, Uriz ha mantenido fuertes enfrentamientos dialécticos con el Ejecutivo.
La papelera no ofreció ayer su versión de los hechos, pese a los reiterados requerimientos hechos por este periódico.
El artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que, si un trabajador cobra indemnizaciones por el desarrollo de una actividad pública dentro de su horario laboral, se descontarán de su salario.
El informe del Parlamento deberá determinar si la única percepción de Uriz, el 90% de las dietas, se pueden catalogar como 'indemnización'. Un informe de la Cámara sobre otro parlamentario navarro consideró correcto el descuento de esa cantidad de los fondos que percibe el partido, pero no de la nómina personal del diputado.
La Inspección de Trabajo se reunió el lunes con responsables de la empresa y decidió abrir un expediente por presunta infracción grave de la legislación laboral por descuento ilegal de salarios y eliminación injustificada de sus funciones profesionales.
Uriz ya fue parlamentario entre 1991 y 1995 y en la actualidad lleva 30 meses como concejal y 14 como parlamentario. 'Siempre he vivido de mi trabajo profesional y siempre he cumplido con todas mis obligaciones en la empresa', explicó ayer. 'Lo que me ocurre ahora es una injustificable represalia por mi oposición política a UPN y mi oposición sindical a la privatización de una empresa en la que se invirtieron 1.000 millones del erario público con una mucho menor ganancia social', añadió.
