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EN LA ANTESALA DE LAS TRANSFERENCIAS SANITARIAS

Ruiz-Gallardón promete por ley en 2002 una 'sanidad a la carta' para los madrileños

El Gobierno regional garantiza a los pacientes la libre elección de médico y hospital

Veinticuatro hospitales, 452 centros sanitarios, 2.261 trasplantes de órganos al año, 35.585 partos, 61.678 trabajadores, 286.736 intervenciones quirúrgicas, 1.856.000 urgencias sanitarias, más de cinco millones de pacientes, 45 millones de consultas médicas y más de 700.000 millones de pesetas (más de 4.200 millones de euros) de presupuesto. Estas cifras resumen la magnitud de la sanidad pública madrileña, de la que el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, será el directo responsable a partir del próximo 1 de enero, cuando el Gobierno regional asuma las competencias del Gobierno central.

'Es la mayoría de edad de la Comunidad. Un reto sin precedentes en nuestra historia autonómica'. Así ha resumido Echániz el impacto que las transferencias sanitarias tendrán en el Ejecutivo regional que preside Alberto Ruiz-Gallardón. La Consejería de Sanidad gestionará más de un tercio del gasto regional, pero el impacto social de la gestión sanitaria es aún mayor: la salud, como reflejan todos los estudios sociológicos, es el bien más valorado por los madrileños. Más que el dinero y el trabajo.

¿Cómo afectará este cambio a unos ciudadanos que ya disfrutan del derecho universal y gratuito a la sanidad desde hace décadas? 'El paciente debe ocupar el centro del sistema sanitario y ser el protagonista de la atención sanitaria para que sea la Administración la que se adapte a él, y no al revés'. Con esta premisa, José Ignacio Echániz -38 años, nacido en Valladolid de padres vascos, licenciado en Medicina, con formación de posgrado en EE UU y especializado en economía de la salud y dirección de empresas- ha definido cuál será el futuro de la sanidad pública madrileña.

Una apuesta arriesgada. Además de Madrid, otras nueve comunidades recibirán el próximo 1 de enero las competencias sanitarias, ahora de manos del Gobierno central. La mayoría mantendrá su sistema sanitario sin grandes cambios. Echániz, sin embargo, ha decidido, a la vez que asume el tercer mayor servicio de sanidad de España -después de Cataluña y Andalucía-, emprender una revolución en la sanidad madrileña en un proyecto desarrollado por la Ley de Ordenación Sanitaria (Loscam), que la Asamblea aprobará previsiblemente el jueves próximo.

Dos frentes

¿Por qué Echániz ha abierto a la vez ambos frentes -la recepción de las competencias y la elaboración de la ley sanitaria- a riesgo de hacer crecer la oposición a su proyecto debido a las arduas negociaciones? ¿Por qué lo hace pese a la previsible oposición de los agentes sociales ante decisiones políticas de este calado? 'Madrid no asume la gestión de la sanidad como reivindicación política vinculada a la identidad colectiva, como en Cataluña', explica el viceconsejero de Sanidad, Juan José Bestard. Carente de ese valor nacionalista, el argumento de Echániz ante los ciudadanos para justificar la asunción de competencias es únicamente la mejora de la prestación.

Y, para lograrlo, es preciso mejorar la ley: la Loscam garantiza a todos los madrileños la libertad de elección de médico y hospital y el acceso a una segunda opinión médica para contrastar diagnósticos. Además, crea la figura del Defensor del Paciente para proteger al ciudadano ante la Administración y abre un espacio -el documento de instrucciones previas- para que el paciente decida qué tratamientos no está dispuesto a recibir en el caso de enfermedad terminal.

Echániz ha repetido tanto la promesa de que pondrá al paciente en el centro del sistema que ha llegado a molestar a los actuales responsables del Ministerio de Sanidad: 'Hace cinco años que el Insalud trabaja con modelos de gestión orientados al paciente como centro de la sanidad. No es algo nuevo. Echániz tiene todo el derecho a vender su modelo sanitario destacando las mejoras que él quiere llevar a cabo, pero es irreal hacer creer que la sanidad pública está mal, que mañana estará bien y que todo se debe a sus pocas decisiones políticas', dice una fuente del Insalud. La insistencia de Echániz también ha provocado comentarios jocosos: '¿Cree el consejero que, hasta su llegada, la sanidad pública ha estado atendiendo a mariposas o caracoles?', le espetó el portavoz del PSOE en la Asamblea, Lucas Fernández, médico de profesión, en el pleno en el que PSOE e IU rechazaron la Loscam.

¿Cuánto dinero necesita Madrid para financiar su sanidad pública? La negociación de la suma que el Gobierno central debe transferir a la Comunidad ha sido el primer frente de batalla de Echániz. Una batalla aún no cerrada, pese a que las administraciones implicadas barajan una cifra cercana a los 615.00 millones de pesetas anuales. Esta cantidad, unida a los 110.00 millones que ya gestiona el Gobierno regional, eleva a más de 700.000 millones de pesetas el monto del que dispondrá Echániz. Los dos flecos pendientes que retrasan el acuerdo son la financiación de la asistencia a pacientes procedentes de otras comunidades autónomas y la deuda de la Fundación Jiménez Díaz, propietaria de la clínica de la Concepción. El 20% de las camas hospitalarias de Madrid están ocupadas por pacientes de otras regiones y el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón insiste en ser compensado por este gasto.

La Concepción está enfrascada con el Ministerio de Sanidad en una pugna por la que este centro privado -que tiene concertadas 500 de sus 600 camas con el Insalud y arrastra una deuda de unos 13.000 millones de pesetas- reclama al Insalud 7.000 millones por servicios que, según dice, ha prestado y no ha cobrado, algo que niega el Ministerio de Sanidad. Ruiz-Gallardón ha advertido de que no asumirá 'deudas del pasado'.

Objetivo: evitar el 'error catalán'

¿Tiene Antonio Tejero -el principal ejecutor del golpe de Estado del 23-F- algo que ver con los 436.000 millones de pesetas de deuda que arrastra la sanidad catalana? Ésta es, al menos, la teoría que circula desde hace años entre los bastidores de la política catalana. Según este argumento, siempre negado por el Gobierno de Jordi Pujol, la Generalitat temió que la coyuntura política posterior al 23 de febrero de 1981 cerrara el grifo del Gobierno central en las competencias que estaba transfiriendo a Cataluña y aceleró las negociaciones en marcha para recibir la gestión sanitaria lo antes posible. Resultado: una negociación precipitada que llevó a un acuerdo deficitario para Cataluña. El consejero madrileño de Sanidad, José Ignacio Echániz, tiene muy presente el supuesto error catalán y así lo ha hecho constar en numerosos foros. Su consejería está negociando (el acuerdo debe cerrarse antes de fin de año) una cifra cercana a los 615.000 millones de pesetas anuales, que el Gobierno central transferirá el próximo año para financiar la sanidad. Esta cifra será anualmente corregida al alza según la inflación, pero nada más. Por ello, cualquier error en el importe acordado será un déficit al que cada año el Gobierno regional de Ruiz-Gallardón tendrá que hacer frente con sólo dos alternativas: o endeudándose o -tarea nada fácil- detrayendo dinero a otras consejerías. Sanidad ha destinado a 'más de 200 personas', según Echániz, a rastrear hasta el último rincón de la sanidad madrileña para conocer desde cuántas sábanas consumen los hospitales al año hasta cuántas baldosas deberán cambiarse en la próxima década en los centros de salud, entre otros gastos e inversiones. 'Tenemos los deberes hechos', afirma Echániz, refiriéndose a que su equipo ya sabe cuánto cuesta pagar la asistencia médica de los madrileños. Con los 'deberes hechos', la consejería está negociando con el Gobierno central. Objetivo: arrancarle, al menos, el gasto real que necesitará su departamento. El futuro de la economía regional depende de ello.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de diciembre de 2001

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