Cantabria y Baleares tampoco aceptan el traspaso de la sanidad

Las comunidades de Cantabria, gobernada por el PP, y Baleares, con presidente socialista, se sumaron ayer a las autonomías discrepantes con las cifras ofrecidas por la Administración central para financiar el traspaso sanitario, previsto para el 1 de enero. La consejera balear de Sanidad, Aina Salom, tras la reunión celebrada con el secretario de Estado de Administración Territorial, Gabriel Elorriaga; el secretario de Política Fiscal, Antonio Beteta, y el presidente del Insalud, Rubén Moreno, señalaron que les separan 8.000 millones de pesetas respecto al cálculo de la Administración central.

A su vez, Jaime del Barrio, consejero de Sanidad del Gobierno cántabro manifestó que su región 'no está en condiciones de asumir los traspasos de la sanidad' porque los 72.000 millones ofertados por el Estado son 'insuficientes' para cubrir las necesidades. Moreno, anunció que continuarán las conversaciones con todas las comunidades en los próximos días.

Con Cantabria y Baleares son ya nueve de las diez comunidades que recibirán la sanidad el 1 de enero, según el proyecto del Gobierno central, y que rechazan dicho traspaso en las condiciones que se ofrecen. Las otras discrepantes son Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Murcia, Asturias, Aragón y Extremadura. La Rioja negocia mañana.

Las comunidades divergen del criterio establecido por el Ejecutivo para realizar los traspasos y las cinco comunidades socialistas aseguran que está vulnerando la ley de financiación en la aplicación de tales criterios. Según dicha ley, las comunidades pueden negociar su financiación por un doble criterio: el clásico, por el que se fija un coste real efectivo a las competencias traspasadas; y el nuevo, que reparte a las comunidades el presupuesto global de la sanidad del Estado en función de tres variables: un 75% por población protegida; un 24,5% por mayores de 65 años y un 0,5% por insularidad. Las comunidades pueden optar por el criterio que más les beneficie.

Sin embargo, según algunas comunidades, la Administración central está aplicando el primer criterio de forma inaceptable para ellas,ya que se niega a asumir inversiones o regulaciones de funcionarios comprometidas por las comunidades a partir de 1999.