La UE admite que no tiene base jurídica para congelar cuentas de grupos terroristas europeos

Bruselas La elaboración de una lista de grupos terroristas europeos está encontrando más y más inconvenientes políticos y técnicos. Los ministros de Exteriores de los Quince sentaron ayer las bases legales para elaborarla y congelar los bienes y cuentas de quienes figuren en ella, pero enseguida se percataron de que la UE no tiene base legal para dar ese paso. Por eso, la famosa lista sólo tendrá efectos políticos, al menos hasta que la Unión encuentre una salida jurídica al embrollo. En la relación podrán figurar personas implicadas en actos terroristas, aunque no hayan sido condenadas.

Los Quince aprobaron ayer tres textos legales relativos al terrorismo. Dos de ellos (una posición común y un reglamento) se refieren a medidas para luchar contra las organizaciones terroristas internacionales e incluyen fórmulas para la cooperación judicial y policial entre los Quince, así como los mecanismos para congelar los bienes y fondos de esos grupos. Antes de fin de año, la Unión Europea elaborará una lista de estas organizaciones internacionales, fundamentalmente de origen islámico. En este caso, el Tratado de la UE ofrece base jurídica suficiente para actuar frente a terceros.

El problema radica en el tercer texto legal aprobado también ayer, denominado 'Posición Común del Consejo relativa a la adopción de medidas específicas de lucha contra el terrorismo' y que afectará a una 'lista de personas, grupos y entidades que intervengan en actos terroristas'. Esta segunda lista, que también está previsto redactarla antes de fin de año, incluirá en todo caso grupos europeos.

Uno de los principales objetivos de esta norma consiste en 'congelar los fondos y otros haberes financieros o recursos económicos de las personas, grupos y entidades' que figuren en la lista, pero los expertos jurídicos de la UE advirtieron de inmediato a los ministros de que la Unión no dispone de una base legal para hacerlo.

'El asesor jurídico ha intervenido varias veces para aclarar la no aplicabilidad de la medida para grupos internos', reconoció el ministro español de Exteriores, Josep Piqué. O sea, que la UE supo ayer con claridad que le resulta menos problemático reaccionar contra Al Qaeda que contra ETA o los GRAPO.

La presidencia española

Ahora, la presidencia española de la Unión Europea, que comienza su andadura el próximo 1 de enero, tendrá entre sus objetivos el de encontrar la salida jurídica al problema. Entretanto, cada país aplicará sus propias legislaciones nacionales al respecto (sólo seis tienen legislación antiterrorista). 'La cuestión es muy complicada y necesito un experto jurídico para explicarlo', comentó el ministro francés de Exteriores, Hubert Védrine.

Pero ese texto legal aporta pistas sobre qué 'personas, grupos y entidades' figurarán en la lista europea de organizaciones terroristas: 'las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; los grupos y entidades que, directa o indirectamente, sean propiedad o estén bajo el control de esas personas, y las personas, grupos y entidades que actúen en nombre de esas personas, grupos y entidades o bajo sus órdenes'.

El listado será público y se confeccionará sobre decisiones adoptadas por 'una autoridad competente' (la Audiencia Nacional en el caso español) 'tanto si se trata de la apertura de investigaciones o de procedimientos en relación con un acto terrorista, como de la tentativa de cometer, participar o facilitar dicho acto'. Con estas premisas, el Gobierno español ve abierta la puerta para incluir, como desea, a personas concretas de grupos del entorno de la organización terrorista ETA aunque no hayan sido condenadas, una vez que ha visto radicalmente rechazada su intención inicial de que figurase la coalición abertzale Batasuna, formación que dispone de representación parlamentaria en la Cámara de Vitoria. 'Eso es lo que tenemos que resolver', contestó ayer Joep Piqué al preguntarle si países como Francia continúan objetando la posibilidad de que en la lista haya referencias claras a grupos legales en España.