Los pescadores de El Palmar se reúnen para reformar sus normas

La asamblea general de la Comunidad de Pescadores de El Palmar se reunirá en sesión extraordinaria la próxima semana para definir la modificación de las normas consuetudinarias que impiden la entrada a la mujeres, como exige una sentencia cuya desobediencia reiterada ha costado a los 12 miembros de la junta directiva una condena de nueve meses pendiente de ejecución. Entre tanto, ayer se completó el proceso de admisión de las cinco mujeres que iniciaron el pleito.

La Comunidad de Pescadores de El Palmar ya hizo el pasado verano un intento de adecuar las normas que rigen el ingreso en la entidad a la Constitución, tal como exigían las sucesivas sentencias que les han condenado a admitir a las cinco mujeres que pleitean por ello y que han determinado que la comunidad las discrimina al negarles el acceso.

Pero esa modificación resultó escasa para el titular del Juzgado de lo Penal número uno de Valencia, quien por segunda vez y bajo amenaza de ingreso en prisión para cumplir la pena de nueve meses que les impuso por desobediencia, les instó a una nueva modificación que recogiera los principios de la Constitución.

La comunidad se reunirá en junta general la próxima semana, según fuentes próximas a la entidad, para abordar la redacción del nuevo articulado tal como establece el tribunal. En la modificación del pasado verano, la comunidad cambió algunas cosas que la parte contraria, o sea las cinco mujeres, sus abogados y quienes en El Palmar les apoyan, han entendido que empeoraron la situación. La exigencia de dos padrinos con más de cinco años de antigüedad en la entidad se cerró a que sólo podían apadrinar a un o una aspirante a incorporarse a la entidad, lo que cortaba de raíz la posibilidad de que unos padrinos pudieran dar entrada no sólo a las cinco mujeres sino a las otras personas que después de ellas así lo solicitaron. Esa modificación, entre otras, motivó que el magistrado de lo penal diera por bueno ese documento y reiterara la necesidad de que las normas se ajustaran a los preceptos constitucionales de igualdad y de no discriminación, acusando a la comunidad de 'no actuar de buena fe' y recordándole que los 'derechos de una entidad privada no están por encima de la Constitución'.

Tras la decisión la pasada semana de admitir a las cinco mujeres que desde hace siete años pleitean por que se haga efectivo su derecho a formar parte de la comunidad en las mismas condiciones que los hombres, las expectativas están ahora en el resto de cumplimientos que establece la sentencia. El que corresponde a la adecuación de las normas quedará resuelto la próxima semana. Pero aún está pendiente el apartado de indemnización y el que se refiere a la readmisión de los que fueron expulsados tras mostrar su apoyo a las mujeres en el seno de la Comunidad de Pescadores. Según fuentes del caso, la comunidad aún no ha presentado los libros de IVA para poder fijar la cuantía que correspondería a cada una de las mujeres. La comunidad tampoco se ha pronunciado sobre los expulsados.