La Junta insiste en que no subirá las gasolinas por el nuevo impuesto
Chaves garantiza que no utilizará el tramo autonómico del gravamen
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, tuvo que salir ayer de nuevo a la palestra para reiterar que no utilizará el tramo autonómico del nuevo impuesto sobre las gasolinas que quiere aplicar el Ejecutivo central en 2002. Chaves insistió en que la Junta no aprovechará la opción de subir 1,6 pesetas el litro de gasolina (el Gobierno lo subirá en 4 pesetas) y aseguró que algunos medios habían 'malinterpretado' a la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, al informar de que sí lo haría.
Algunos medios de comunicación (TVE y Abc entre ellos) anunciaron en la noche del martes y ayer que la Junta utilizaría el tramo autonómico del nuevo impuesto para subir en 1,6 pesetas las gasolinas. Una información que se basaba en unas declaraciones de Álvarez en las que ésta se limitó a decir que la Junta no tenía margen para negarse a la aplicación del tramo estatal del gravamen auspiciado por el Gobierno central y que su 'desacuerdo' con el impuesto no era 'motivo suficiente' para romper el pacto de financiación autonómica.
En una entrevista concedida ayer a Canal Sur Chaves insistió ayer en sus críticas al nuevo gravamen. 'El Gobierno se saca de la manga un impuesto sobre la gasolina para financiar el sistema sanitario incluido dentro del sistema de financiación autonómica', dijo el presidente de la Junta quien reiteró que en el pacto de financiación firmado en julio no se incluía este nuevo impuesto sobre hidrocarburos para financiar la sanidad.
'No se puede gravar el consumo de los ciudadanos en un momento de recesión económica', añadió Chaves, quien indicó que este nuevo gravamen se enmarca en 'una subida general de los impuestos indirectos que servirá para compensar la bajada en el impuesto sobre la renta que quiere hacer el Gobierno en 2003 de cara a las próximas elecciones'.
El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Jesús Caldera, también garantizó que ninguna de las seis comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Asturias, Baleares y Aragón) aplicarán el tramo autonómico del impuesto.
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