Asuntos Sociales mantendrá los mismos controles sobre las subvenciones que antes del 'caso FARA'

La Consejería de Asuntos Sociales mantendrá el próximo año los actuales mecanismos de seguimiento y control de las subvenciones, a excepción de dos aspectos novedosos. Las entidades subvencionadas tendrán que acreditar que no invierten en bolsa y los programas se someterán a una evaluación obligatoria de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales para controlar su calidad. El consejero Isaías Pérez Saldaña descartó, en su comparecencia parlamentaria para explicar el caso FARA, otros mecanismos de control al considerar que los existentes son 'correctos' y 'adecuados'.

El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, defendió ayer ante la comisión parlamentaria que los mecanismos de control y seguimiento de las ayudas públicas de su departamento han funcionado perfectamente en el caso FARA. Pérez Saldaña dijo que con los 27 millones de pesetas concedidos en 2000 -en los dos ejercicios anteriores no firmaron convenios con la entidad gitana y la ayuda de este año está bloqueada- se contrataron 10 personas en toda Andalucía, lo que en su opinión descarta que el desvío de fondos corresponda a estas ayudas y que hayan fallado los mecanismos de control.

Tres directivos de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA), vinculados al clan malagueño de Los Charros, se encuentran en prisión preventiva, acusados de blanqueo dinero, malversación y desvío de fondos públicos, entre otros cargos. La federación recibió alrededor de 1.000 millones de pesetas en subvenciones de distintas administraciones públicas y, según la policía, desviaron alrededor del 30% de estas cantidades a cuentas particulares. La Junta de Andalucía, a través de Asuntos Sociales y Empleo, destinó ayudas a la federación para combatir el absentismo escolar de los niños gitanos y para fomentar el acceso al mercado de trabajo a través de cursos de formación.

Tanto en su primera intervención como en la respuesta a los portavoces parlamentarios, el consejero defendió el funcionamiento de los instrumentos de control que ya están en marcha, incluidas las auditorías para las entidades que reciben más de 100 millones de pesetas en subvenciones, aunque recordó que en 2002 habrá dos novedades. Una, anterior al caso FARA que se gesta durante la investigación de Gescartera, que obligará a todas las asociaciones a certificar que no invierten en renta variable.

La segunda modificación será la 'obligatoriedad' de someter los programas a la evaluación de calidad que realizará la Fundación Andaluza de Servicios Sociales para analizar la idoneidad y eficacia de los programas. 'No hará falta ningún control más', dijo Pérez Saldaña. Fue uno de los pocos aspectos que los portavoces de la oposición (PP, IU y Mixto) criticaron en distinta medida. Para el parlamentario de IU José Cabrero, lo ocurrido con la FARA 'puede permitir dudar si los controles son suficientes' e invita a pensar que 'hay que afinar mucho más'.

Cabrero, al igual que el diputado del Grupo Mixto Ricardo Chamorro, planteó la puesta en marcha de una auditoría interna de la Consejería de Asuntos Sociales sobre las cuentas de la FARA. El representante de IU también pidió al consejero que aclarase 'si efectivamente hay amenazas y coacciones para que se produzca la subvención'. El mismo requerimiento que formuló la portavoz del PP, Ana María Corredera, que preguntó al titular de Asuntos Sociales si había sufrido amenazas o coacciones 'que sí son delito' o sólo 'meras presiones'.

Pérez Saldaña insistió en que los directivos de la FARA ejercieron 'presiones' con la intención de forzar 'la voluntad política', pero descartó que pudieran calificarse como 'hechos delictivos'. El consejero leyó incluso ante los parlamentarios un párrafo de un escrito enviado por la directiva de la FARA mediante el que le pedían que destituyese al jefe de servicio de la Secretaría de la Comunidad Gitana, José Manuel Leal Sabido, al considerar que tenía una actitud contraria a la entidad. En la carta citan como elementos de disgusto las reuniones del funcionario con otras asociaciones gitanas, las subvenciones a otras entidades o el recorte de las ayudas de la FARA. En cualquier caso, responden a peticiones que Pérez Saldaña encuadró en 'el marco político'. José Manuel Leal fue detenido por la policía para que declarase en relación con el caso y puesto en libertad a continuación. El juez instructor no le ha imputado, a diferencia de un funcionario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que está en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas.