Al final de la escapada

Las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno argentino son un reflejo más del fracaso de las políticas económicas de los últimos años. La arbitraria decisión de reinstaurar los controles de cambio y limitar la disposición de efectivo, no sólo restringe los derechos de propiedad y provoca distorsiones en el funcionamiento del sistema económico, sino que implícitamente supone el fin de la convertibilidad. El país no está en condiciones de asegurar que cada peso en circulación está respaldado por un dólar en reservas, si no es a través del mecanismo artificial de control de capitales. Y no han sido los calificados por el Gobierno como fondos de inversión 'buitres' los responsables del golpe de gracia al 1 a 1, sino los ciudadanos argentinos, que ante la pérdida de confianza en las autoridades y el temor a la confiscación de sus ahorros han sacado los depósitos del país.

La situación actual sólo cabe entenderla como el enésimo intento del Ejecutivo por ganar tiempo, aunque esta vez debería ser empleado en diseñar un viraje de la política económica y no en esperar una hipotética recuperación del entorno internacional. En el país con la política económica más restrictiva del mundo en relación a su posición cíclica, las cortapisas al uso de efectivo afectarán negativamente a la economía sumergida y al pequeño comercio, incentivarán el uso y emisión de las monedas paralelas de las provincias (Patacon, Lecop, etc) y acentuarán la caída de la actividad y el aumento del desempleo. En este contexto, parece difícil pensar que los inversores extranjeros acudan 'voluntariamente' al canje de la deuda.

La primera elección que deberá asumir el Gobierno es la del futuro sistema cambiario. A juzgar por las medidas anunciadas (redenominación de los depósitos en pesos a dólares, etc) parece que se opta por una dolarización, lo que sería más de lo mismo. Además de los problemas clásicos de este esquema cambiario, en el caso argentino la adopción del dólar implicaría varios años más de deflación para compensar la pérdida de competitividad del país, algo insostenible socialmente. La solución menos mala continúa siendo la devaluación, pues es la única que puede hacer salir al país de la recesión. Eso si, debe acompañarse de una reestructuración de las obligaciones internas y externas, de la definitiva reforma estructural del sector público y del diseño de una política monetaria que transmita confianza a los agentes. Un cambio tan profundo de la política económica exige un acuerdo de todas las fuerzas políticas, algo que se antoja difícil.

José Ramón Díez Guijarro es director del departamento de economía internacional del Servicio de Estudios de Caja Madrid