El profesorado en la LOU

Una de las claves de legitimidad del proyecto de la LOU es, según sus defensores, la necesidad de garantizar la calidad de la enseñanza mediante un adecuado sistema de selección del profesorado. Buena parte del debate a ese respecto se ha centrado en los nuevos sistemas de oposiciones, en la necesidad de evitar la endogamia y en la movilidad de los docentes. Y, sin embargo, hay un aspecto sobre el que creo que merece la pena llamar la atención de la opinión pública y pedir también que se utilice el paso por el Senado para revisarlo. Me refiero al proceso de formación del profesorado en sus etapas iniciales, una situación que afecta a miles de becarios de investigación y profesores ayudantes.

El asunto es sencillo de exponer. El argumento de la endogamia, de indiscutible eficacia dialéctica, pues responde a un mal a evitar en la medida en que se oponga al criterio de calidad, tiene el coste de arrojar su tinta ocultando otra parte de la realidad, otros argumentos que se ven ignorados o menospreciados, lo que produce consecuencias a mi juicio muy negativas sobre el futuro de la institución universitaria.

Nadie puede ignorar a estas alturas que el proceso de formación en la investigación y en la docencia, sobre todo si pretendemos calidad, exige invertir en equipos, en grupos, en proyectos. Invertir con garantías, desde luego, es decir, someter a evaluación su actividad, exigir resultados y un uso adecuado de los fondos públicos. Y la contrapartida es que se garantice cierta estabilidad o continuidad en esos grupos, lo que incluye asegurar a los más jóvenes que quienes trabajen adecuadamente puedan seguir haciéndolo en ese grupo, si así lo desean. No se trata de calentar el asiento: nadie que conozca el funcionamiento actual de la inmensa mayoría de los grupos de investigación consolidados puede sostener que los investigadores más jóvenes se limitan a atarse a su silla: es más, en los últimos años, tanto el ministerio como las comunidades autónomas han incrementado ayudas para que esos jóvenes investigadores -y docentes, en el caso universitario- puedan completar su formación en otros centros de prestigio, sin dejar de pertenecer al equipo. Además, los proyectos y la actividad de esos equipos se someten a controles de evaluadores externos y de los diferentes organismos de evaluación. Sin embargo, la filosofía, por así decirlo, ha comenzado a cambiar desde la reciente creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha desgajado la investigación de la Universidad y desde la introducción de criterios de competitividad en el mercado que, a mi juicio, se han extrapolado indebidamente. Y todavía se agrava más en el proyecto de la LOU.

Repito que no se trata de privilegiar a nadie: al contrario, debe exigirse responsabilidad. Pero mi discrepancia está en el modelo que nos propone la LOU para garantizar esos objetivos. Un modelo que considero suicida y que acrecienta el despilfarro que en gran medida se está produciendo con los becarios de investigación desde hace años: ¿para qué invertir cientos de miles de millones de pesetas en becas de investigación (que son muy pocos en comparación con los que invierte la media de la UE ) si a los cuatro años de beca se han de ir a la calle? ¿Alguien piensa que el objetivo prioritario de esa inversión es la contribución de los becarios a los proyectos en esos cuatro años? No: el objetivo prioritario es su formación, pero justo cuando comienzan a tener la competencia que les proporciona esos años de formación es cuando se les lanza a la calle, aunque algunos dirán que al mercado, a competir... La realidad es que una proporción importante debe elegir entre convertirse en trabajadores en precario o aceptar ofertas fuera de este país. ¿No es eso un despilfarro, además de una injusticia?

Pues bien, la política investigadora de la que es muestra el proyecto de la LOU no sólo refuerza ese mecanismo -no se preven sustantivos incrementos de la inversión en este ámbito-, sino que lo multiplica, en el caso de los actuales profesores ayudantes doctores a los que se impone buscarse la vida durante dos años fuera de su Universidad, si quieren tener posibilidad de continuar en los grupos de investigación y docencia a los que pertenecen, si quieren estabilidad en su puesto de trabajo, algo que, por cierto, parece un derecho del trabajador hoy en vías de extinción. ¿Y cómo van a ganarse la vida? ¿Cómo seguirán formándose? La solución de la LOU apunta a la precariedad: obtener contratos de menor nivel o constituir mano de obra barata para el mercado de la docencia y la investigación: para las universidades y centros privados, para las empresas...Aún estamos a tiempo de que una reforma en el Senado cambie la disposición transitoria 4ª y el artículo 50 del proyecto de la LOU: no es sólo un derecho razonable de esos trabajadores en formación, aún más evidente en el caso de los ayudantes. Es una decisión imprescindible si se quiere apostar en serio por el futuro de la Universidad, por la coherencia en el uso de los fondos públicos de los que, como se nos insiste una y otra vez, viven, vivimos, los profesores y PAS de la Universidad. De lo que se beneficia toda la sociedad, cabe añadir.

Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia.