Un presupuesto poco debatido

Los distintos Gobiernos han utilizado frecuentemente los presupuestos, y sobre todo, la ley de acompañamiento, para que el Parlamento pasara temas relacionados sólo indirectamente con las cuentas del Estado. Se suponía, sin embargo, que en 2001 se iba a extremar el cuidado para conservar las formas: se trata de los primeros presupuestos del euro y de déficit cero.

La sorpresa ha sido que la peculiar costumbre de presentar cuentas algo chapuceras y de utilizar el presupuesto para otras funciones, no sólo no se ha moderado, sino que ha llegado este año a unos extremos sorprendentes.

La oposición socialista, que había mantenido inicialmente un tono crítico pero moderado (José Luis Rodríguez Zapatero rompió la tradición y renunció a participar en el debate general), se vio de repente sobrepasada y mostró una irritación sin precedentes. La interpelación realizada el pasado día 28 por el portavoz económico Jordi Sevilla fue probablemente una de las más duras defendidas hasta el momento por un miembro de la Ejecutiva del PSOE: 'Vamos a hablar de milagros, mentiras y fraudes'.

El Gobierno decidió introducir una nueva definición del servicio público de TVE para hacer frente a las presiones de la UE para aclarar la financiación estatal

La irritación socialista se debe principalmente a tres puntos: el Gobierno del PP ha mantenido un escenario de crecimiento económico que el propio Banco de España ha desmentido formalmente; ha aprobado un impuesto especial sobre las gasolinas a través de una simple enmienda en el Senado, sin discusión previa en el Congreso, y ha cambiado indirectamente el estatuto de RTVE.

Un cuarto punto, el cambio repentino de las condiciones para la financiación de partidos políticos legales y que obtengan votos en las elecciones, no suscitó la ira socialista por su contenido, pero sí severas críticas por su forma de presentación y dudas sobre la legalidad de su propósito de no cumplir lo que hayan dicho los tribunales en sentido contrario.

La primera sorpresa que dio el PP fue el anuncio de que mantendría los datos macroeconómicos (2,9% de crecimiento y déficit cero) calculados antes de la crisis del 11 de septiembre, de la entrada en recesión de EE UU y del parón de la economía europea. Los organismos internacionales calculan, por el contrario, una caída de la economía española de dos puntos porcentuales sobre el año anterior, superior a la caída media de la Unión Europea.

Nuevas rarezas

La segunda rareza llegó con el anuncio de la creación de un impuesto especial sobre las gasolinas aplicable por las comunidades autónomas y 'destinado a financiar la sanidad'. La medida, según el Gobierno, era compatible con las dos grandes promesas de Aznar de no subir los impuestos y de mantener un déficit cero. Según la oposición, es una descarada forma, bastante injusta, de subir los impuestos de las clases medias y bajas. Sea como sea, lo más extraño de esta tasa es que no ha sido presentada en el debate general de los presupuestos, dedicado, en España y en cualquier parte del mundo, a discutir precisamente de impuestos. En Gran Bretaña, por ejemplo, el canciller Gordon Brown ha presentado esta misma semana su presupuesto para 2002. La pieza fundamental es un aumento de impuestos sobre la renta que permita financiar la mejora de la sanidad pública. Brown mantiene que el Gobierno conservador dejó en quiebra al Servicio Nacional de Salud. En cualquier caso, Brown ha convertido ya ese debate en la parte central de su defensa parlamentaria.

Otra extraña novedad es la modificación indirecta del Estatuto del Ente Público RTVE para introducir una definición de 'servicio público'. En este caso, la urgencia se debe a las presiones de la Comisión, que anunció el pasado 17 de octubre una próxima nota sobre España, harta de que el Gobierno no cumpliera las levísimas obligaciones que impone la UE para la financiación de los canales públicos de televisión.

Según el Protocolo de Amsterdam, la Comisión reconoce la televisión pública, pero exige que los Estados definan libremente, 'con claridad y precisión', el modelo y la misión de su propio servicio público. En este sentido deberá establecer una 'carta de compromiso' con el organismo televisivo en cuestión (RTVE), crear un órgano de control independiente y garantizar la transparencia de sus cuentas y contabilidad.

'La definición del servicio público', añade la Comisión, 'alcanza a todo tipo de programación, incluyendo entretenimiento y deportes, pero no se aplicará a actividades que no se pueda considerar razonablemente que ayudan a servir las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad'. El Gobierno español parece haber aprovechado los presupuestos para satisfacer al menos uno de los requisitos de la UE, definir qué es un servicio público. El resto de obligaciones probablemente se hará esperar.